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SUSCRIBITESe trata de Francisco Fernández Muñoz (43), que ahora se encuentra detenido en comisaría 28va e imputado por el delito de estafas reiteradas.
Hace una semana, el empresario Francisco Fernández Muñoz, de 43 años, quedó imputado por el presunto delito de estafas reiteradas y la jueza Celia Maldonado de Álvarez le dictó la prisión preventiva que debía cumplir en comisaría.
Esta ultima parte de la resolución fue rechazada por su abogado defensor, Guidet Montilla, y solicitó una nueva audiencia de revisión de medidas de coerción. Esta se llevó a cabo este lunes y le solicitó a la magistrada la libertad o que la prisión sea domiciliaria.
Según fuentes judiciales, la defensa puso en sus argumentos que el acusado tiene esclerosis múltiple y para un mayor cuidado, recomendaron que siga cumpliendo la prisión en su vivienda.
La fiscalía, a cargo de Duilio Ejarque, se negó a este pedido y expresó que debía seguir preso en la comisaría. Sobre su estado de salud, la misma médica legista ya había dicho que podía permanecer detenido con la medicación correspondiente y que cualquier complicación se lo enviaría al hospital.
Finalmente, la jueza siguió firme en lo que había dispuesto y seguirá cumpliendo la prisión preventiva de 20 días, pero ahora lo trasladaron a comisaría 28va (estaba en comisaría 6ta).
Este “proyecto” inició en 2019 y estaba ubicado por calle San Miguel en el departamento Pocito y según la propaganda contaba con 105 lotes de 300m2. La titular de este lugar tuvo contacto con los dueños de la empresa constructora Afcom S.R.L, Francisco Fernández y Miguel Aciar (prófugo). Estos compraron este lugar con la promesa que la propietaria iba a recibir 3 lotes, tres casas unifamiliares y otro lote de 200m2 en otro barrio. Ese era el trato, algo que después la fiscalía dejó en claro que nunca se efectivizó.
A pesar de que no tenían los papeles aprobados y sin los planos de mensura, estas personas están señaladas de comercializar los lotes y a los interesados les decían que había posibilidades que el IPV lo financie.
En todas las denuncias que fueron radicadas hasta ahora, los contratos que se firmaban en una escribanía con uno de los dueños de la empresa presentes (ya sea Aciar o Fernández), tenía como pautas un pago en efectivo y después un plan de pago de hasta 60 cuotas.
Durante años nunca hubo avances en la obra, menos en la urbanización o la mensura. Todo era una mentira. Ante ese contexto la empresa dijo que tuvo un problema con la municipalidad. Aquí es donde aparece el fraude del fraude, porque a los compradores les dicen que los terrenos iban a ser de 400m2 (no de 300m2 como a un inicio) y que tenían que pagar la diferencia. Todos los hicieron y nada pasó, siempre con excusas diferentes ya sean burocráticos por OSSE, la pandemia y hasta le echaron la culpa a la dueña del terreno, diciendo que había tenido problemas con la entrega del terreno.
Por ahora son 13 las denuncias radicadas, pero la fiscalía no sabe si los 105 terrenos se vendieron. Es decir, que hay posibilidades de que haya más personas damnificadas.
En medio de esas supuestas falsas promesas, la empresa Afcom ya no era parte de esto, sino que la empresa D.G.A. (de Aciar y un tal Guiñazu) quedaban al frente de este proyecto. Hay algo particular en esta empresa, porque los damnificados denunciaron que tuvo diferentes domicilios y que el último fue en calle 9 de Julio en Capital, pero que después desapareció. No tenía un domicilio fijo, ante la consulta de Tiempo de San Juan a los investigadores, estos dijeron que se convirtió en una empresa fantasma.
Las partes dieron a conocer en detalle las denuncias radicadas. Primero dieron a conocer los montos que eran por el terreno de 300m2 y después, la diferencia que debieron abonar para pagar por los terrenos de 400m2.
