Después de que un ingeniero quedara en la mira por estafa, sospechado de lotear y comercializar un terreno que le pertenece a un exministro uñaquista, desde el Colegio de Profesionales de la Agrimensura manifestaron su preocupación y aseguraron que el tribunal de ética de la institución está al tanto no sólo de la investigación penal que se lleva adelante, sino también de las quejas que recibieron por la misma persona.
El presidente de la entidad que nuclea a los ingenieros agrimensores de la provincia, Jorge Echevarría, habló con Tiempo de San Juan y confirmó lo que fuentes allegadas al caso habían comentado sobre la bronca de particulares por el proceder de Enrique Costa. Es que el indicó que varias personas denunciaron en el Colegio al imputado y, como consecuencia, iniciaron un procedimiento para que el profesional recomponga su situación.
En líneas generales, el representante del organismo explicó que las quejas que recibieron por el comportamiento del ingeniero se vinculan con incumplimiento de trabajos por los que recibió dinero. "Hay algunos particulares que manifestaron el atraso sin motivos", señaló. Es por ello que desde el Colegio iniciaron con apercibimientos y luego continuaron con la colocación de multas económicas para el profesional.
En caso de no efectuar el pago de las multas, Echevarría advirtió que el máximo castigo sería el de quitarle la matrícula, aunque dicha situación aún no se dio con Costa, que se habría hecho pasar por el dueño de una propiedad situada en Chimbas, que le pertenece a su exmujer y al exministro de Minería, Alberto Hensel, para lotear y vender terrenos.
El caso salió a la luz cuando uno de los potenciales compradores averiguó a quién realmente le pertenecía el terreno y descubrió que no era Costa, ni Claudio Daniel Solari, que decía ser su socio. Por ello, le dio aviso a Hensel y este lo denunció en la fiscalía, en la UFI de Estafas. A partir de ello, el fiscal Guillermo Heredia investigó los hechos y dio con las presuntas maniobras ilícitas de Costa y Solari, quienes fueron imputados, allanados y embargados por $22 millones cada uno.
A pesar de que ambos quedaron en libertad, los sujetos que habrían recibido dinero de parte de personas que pretendían comprar un lote en su proyecto inmobiliario no podrán salir de la provincia y deberán presentarse cada 15 días en una comisaría cercana a su domicilio.