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SUSCRIBITELa titular del cuarto juzgado de Familia evitó dar precisiones y se limitó a relatar cómo fue el tratamiento del expediente en su despacho.
A casi una semana del hecho que conmocionó a los sanjuaninos, en el que un chico mató a mazazos a una jubilada de 71 años en plena vía pública, una duda comenzó a ganar terreno y es si el fatídico episodio pudo haberse evitado. Es que el viernes último, este diario publicó que tiempo atrás la Justicia detectó que el menor vivía en un clima de violencia en su seno familiar y no tomó medidas eficientes al respecto.
Fuentes calificadas indicaron que en 2023, la escuela a la que acudía el joven homicida denunció esta situación en el CAVIG y, a partir de ello, se inició un proceso que derivó en la Justicia de Familia. Allí fue donde la jueza Marisa Norma Valdez recibió el informe de una asesora de Menores que alertaba sobre el riesgo de ese adolescente y el potencial peligro que representaba. Sin embargo, por alguna razón, la jueza no dio curso al pedido y el expediente durmió.
Tras lo acontecido y la trascendencia de los datos, la titular del Cuarto Juzgado de Familia aseguró que sí dictó medidas, aunque no lo fundamentó de manera fehaciente, ni con fechas concretas ni detalles de sus resoluciones, como sí se pudo constatar la contracara de esta historia con el informe de la asesora de Menores, Soledad Medina, al que tuvo acceso este medio.
Quien se hizo esperar para dialogar con este medio y finalmente accedió a una entrevista explicó que, después del pedido de la asesora, que procedió en junio de 2023 y que además solicitó tratamiento psicológico para los padres del chico, ordenó que el menor continuara en tratamiento psicológico y que se sometiera a un estudio del equipo técnico interdisciplinario de su fuero.
La magistrado, que no brindó detalles sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión de la continuidad del tratamiento para el adolescente y el comienzo de un acompañamiento terapéutico para los padres, indicó que dos meses más tarde, es decir, en agosto de 2023, volvió a tener novedades del caso cuando revisó el informe de los tres especialistas que vieron al menor -entre ellos psicólogos y trabajadores sociales-.
Recordó que los profesionales sugirieron que el chico siguiera en tratamiento por tiempo indeterminado, ya que lo necesitaba. No obstante y según lo remarcó, los expertos le manifestaron que su situación no representaba riesgo alguno. "No fueron tres, fueron cinco profesionales, contando la psicóloga de la escuela que denunció el caso y el particular del menor, los que no advirtieron riesgo", sostuvo.
Por otra parte, también señaló que la recomendación de mantenerse bajo tratamiento se extendió a los padres y que la causa quedó abierta, sin ninguna otra medida. "No se cerró ni se archivó, quedó abierta ante cualquier otra presentación", agregó.
En su descargo, la magistrado se esforzó por aclarar que su intervención estuvo ligada a investigar una supuesta violencia intrafamiliar y no a centrarse en las conductas violentas del menor, que habrían sido detectadas en su escuela y más tarde señaladas por la asesora. Sin embargo, en ambos casos evitó profundizar basada en principios jurídicos que se lo impiden.
El brutal asesinato ocurrió el martes 7 de mayo por la tarde noche, en 25 de Mayo y Aberastain, cuando un joven de 15 años -que ya fue identificado y detenido por las autoridades- atacó a mazazos a Hebe Yolanda Leguiza y, producto de las heridas que sufrió, falleció a las horas.