El hallazgo de 32 fotos y videos en una pericia, complica la situación judicial de un peluquero de Rawson que es investigado desde agosto del año pasado por la tenencia de pornografía infantil. Al joven le imputaban en principio sólo tenencia por unos pocos archivos, pero el curso de la causa tomó otro rumbo a raíz de que aparecieron esos nuevos materiales con imágenes de niños, de entre 3 y 7 años, abusados por adultos.
El involucrado es Federico David Ochoa, un peluquero de no más de 30 años de Rawson que afronta una causa penal en la UFI Delitos Informáticos y Estafas desde agosto del 2024 por fotos y videos de abuso y explotación sexual infantil. En aquel entonces la fiscalía recibió un reporte desde Buenos Aires que indicaba que desde la cuenta del sospechoso habían descargado material de pornografía infantil.
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El fiscal Eduardo Gallastegui (a la izquierda, de saco) y el defensor oficial.
La causa se inició por 7 archivos y en principio le imputaron tenencia, aunque faltaba revisar el celular, su computadora y otros soportes de almacenamientos informáticos. Por ese motivo la jueza de garantías Mabel Moya ordenó el plazo de 8 meses de investigación, también dispuso las pericias de los equipos secuestrados y resolvió que el joven continuara en libertad.
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La jueza de garantías Mabel Moya.
Ahora bien, este jueves se realizó una audiencia solicitada por el fiscal Eduardo Gallastegui para ampliar el objeto de investigación. El representante del Ministerio Público Fiscal expuso ante la jueza Moya que los primeros informes de las pericias revelaron que se encontraron otros materiales de pornografía infantil en los dispositivos pertenecientes a Ochoa: en total 32 archivos, entre fotos y videos de niños abusados por adultos. En esas imágenes se pudo ver que algunas de las víctimas eran nenes de 3 a 7 años de edad, señaló en la audiencia.
En base a esto solicitó que se ajuste la calificación legal de la imputación contra Federico David Ochoa, ya no sólo por tenencia, sino que se le agregara el agravante por la edad de las víctimas. La juez Moya hizo lugar al pedido y extendió el plazo de investigación penal preparatoria por otros cuatro meses más, mientras que dispuso que el peluquero continúe en libertad.