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SUSCRIBITETras el incidente del sargento que discutió con un repartidor de delivery y le disparó con su arma reglamentaria, al menos nueve uniformados se vieron en conflicto con la ley en los últimos meses. Además del reciente protagonista, tres irán a juicio por apremios ilegales y otros cinco son investigados por Delitos Especiales por la misma figura penal y por otras que agravan su situación.
El jueves 11 de septiembre se registró un violento episodio en Capital, donde un policía que discutió con un repartidor de delivery y le disparó con su arma reglamentaria. Por el hecho que involucró al sargento, la Justicia lo imputó por amenazas agravadas y el caso hizo recordar casos similares, en los que uniformados quedaron en el centro de la polémica en los últimos meses.
Además del suceso que tuvo lugar recientemente, en los antecedentes figuran los ocurridos en Rawson y Angaco. Del mismo modo, todos presentan características diferentes, aunque suponen un mismo denominador: uniformados imputados por abuso de poder y violencia en el ejercicio de sus funciones.
Entre todas las causas, son al menos nueve efectivos policiales los que quedaron bajo la lupa de la Justicia y, exceptuando el incidente de reciente data, los otros dos tuvieron lugar en el cumplimiento de sus funciones, por lo que golpean a la fuerza de seguridad. Como corresponde en todos los casos, los policías sanjuaninos fueron sumariados y su carrera dentro de la institución pende de un hilo.
El episodio más reciente se produjo el jueves último en inmediaciones de Scalabrini Ortiz y Lateral de Circunvalación, en Capital. Allí, una discusión de tránsito entre un policía y un delivery derivó en un hecho de extrema violencia.
El efectivo involucrado es el sargento Ariel Nievas, de 52 años, quien cumple funciones en el Depósito Judicial de 9 de Julio. Según la investigación, Nievas circulaba en su automóvil Citroën Picasso cuando tuvo un cruce con Maximiliano Tobares, repartidor de Pedidos Ya, que manejaba una Motomel 150 cc. Tras una maniobra de tránsito se inició una pelea verbal, en la que el motociclista habría sacado un cuchillo de la bolsa donde llevaba los envíos.
Ante esta situación, el policía fue hasta su vehículo, tomó su arma reglamentaria y disparó hacia un cantero, en lo que los fiscales interpretaron como una amenaza directa. La escena fue presenciada por testigos y los dos protagonistas terminaron detenidos. En la audiencia de formalización, se confirmó que la vaina servida hallada en el lugar correspondía al disparo realizado por Nievas. El caso continúa bajo investigación mientras ambos quedaron a disposición de la Justicia.
Un hecho ocurrido en julio de este año complicó a varios efectivos de la Comisaría 6ª de Rawson. La presunta víctima fue Cristian Morales, un albañil que denunció haber sido detenido sin motivo junto a un acompañante y brutalmente golpeado en la seccional, lo que le provocó lesiones graves con secuelas que podrían ser irreversibles.
En un inicio, el oficial ayudante Cristian Aciar y el agente Gabriel Mariño fueron imputados por vejaciones y apremios ilegales en concurso con lesiones graves agravadas. Sin embargo, con el avance de la investigación, la fiscalía amplió las acusaciones: ahora también afrontan cargos por falsificación de instrumento público y privación ilegítima de la libertad agravada por su condición de policías.
El fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martín señalaron que existen pruebas que muestran que Morales fue detenido sin razón y que los registros de la comisaría fueron manipulados para encubrir lo sucedido. Testigos afirmaron que no había motivo para el arresto y cámaras de seguridad revelaron inconsistencias en los horarios asentados en los libros de novedades. Incluso, se investiga la autenticidad de las firmas de los detenidos al momento de su liberación.
Además de Aciar y Mariño, están imputados el agente Alejandro González (acusado por la golpiza inicial), la cabo Martina Peralta (por omisión de ayuda, privación ilegítima de la libertad y falsificación de documentos, al ser la conductora del móvil) y el agente Alan Nieva (por omisión). En total, ya son cinco los uniformados procesados por este caso, en el que la fiscalía sostiene que incluso hubo maniobras de limpieza de rastros de sangre en la seccional para ocultar las pruebas.
El tercer hecho ocurrió en abril en Angaco y ya fue elevado a juicio. La víctima fue Armando Vázquez Calderón, de 44 años, quien había decidido dormir dentro de su auto tras haber bebido en una fiesta. Estacionó a un costado de la calle Aguilera, reclinó el asiento y se quedó dormido.
De acuerdo a la acusación, durante la madrugada fue abordado por los policías Matías Durán y Maximiliano Riveros, quienes lo obligaron a bajar del auto y comenzaron a golpearlo con puños y patadas, incluso en la cabeza. Vázquez aseguró que la agresión continuó dentro del patrullero mientras era trasladado a la comisaría. Testigos señalaron que la violencia se dio sin que el hombre opusiera resistencia.
Una vez en la dependencia, el estado del detenido obligó a la intervención de un médico legista, que constató múltiples lesiones y hematomas que demandaron entre 20 y 25 días de recuperación. El caso no fue tratado como una simple contravención gracias a la intervención del juez de Paz de Angaco, quien exigió una investigación penal.
A la lista de imputados se sumó la oficial Emilse Pantano, jefa de patrulla esa noche, señalada por encubrimiento y falso testimonio. La fiscalía sostiene que mintió en su declaración al afirmar que estaba presente durante el procedimiento. El fiscal Nicolás Schiattino adelantó que pedirá tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para los tres efectivos cuando se realice el debate oral este lunes 15 de septiembre.
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