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SUSCRIBITE El preso. Este es Federico Elías Fernández Santa Lucía.
Se desató una insólita disputa de competencias entre dos magistrados del fuero provincial a raíz de los permisos especiales a un preso condenado por pedofilia y trata de personas del penal de Chimbas que quiere salir a estudiar a la universidad. El conflicto surgió después de que una jueza de instrucción autorizara esos permisos, siendo que el reo está a disposición del Juzgado de Ejecución.
La piedra de la discordia es por el preso Federico Elías Fernández Santa Lucía, quien cumple una condena de 14 años de cárcel por el abuso sexual de un niño. Además, carga con otra condena unificada de 12 años y 6 meses de prisión por trata de personas, tenencia y acopio ilegal de armas en la Justicia Federal y una tercera de 1 año por amenazas, dictada en un Juzgado Correccional.
Federico Cecilio Fernández Gizzi, su padre, y su hermano Sergio Daniel Fernández Santa Lucía también están presos. Los dos fueron condenados a 17 y 14 años de prisión, respectivamente, por el asesinato a puñaladas del abogado Francisco Sirera la noche del 19 de mayo de 2014, en Trinidad, Capital.
La polémica en torno al caso Fernández Santa Lucía surgió estas últimas semanas y genera comentarios en los Tribunales de calle Rivadavia y llegó incluso hasta el Servicio Penitenciario Provincial. Y enfrenta a la jueza Mabel Moya, del Segundo Juzgado de Instrucción, y al juez Federico Zapata, a cargo de un Juzgado de Ejecución Penal.
Federico Fernández Santa Lucía ya había hecho otros pedidos a la Justicia. En mayo de 2020, en plena pandemia, pidió la prisión domiciliaria argumentando que corría peligro de contagiarse de Covid en el penal de Chimbas. En aquel entonces la Justicia Federal le rechazó el planteo. Según versiones, hizo otros pedidos al Juzgado de Ejecución Penal del fuero local, pero también se lo denegaron. Es que, supuestamente, el reo está mal conceptualizado, indicaron en la cárcel. No hace mucho, le secuestraron un celular que tenía dentro de su celda y en los archivos del aparato encontraron fotos de pornografía infantil, reveló una fuente penitenciaria.
Como le venían negando los permisos, Federico Fernández Santa Lucía decidió probar por otro lado. Así fue que durante la feria presentó un Habeas Corpus ante la jueza Mabel Moya, a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción, a través de la cual le solicitó que lo dejaran salir de la cárcel para estudiar abogacía en la Universidad Nacional de San Juan. Lo cierto es que la magistrada dio curso al pedido de Fernández Santa Lucía y lo autorizó; de hecho, sacó una resolución para que el personal penitenciario arbitre los medios para llevarlo a estudiar a la universidad, indicaron fuentes ligadas al caso.
Esa resolución también habría llegado al Juzgado de Ejecución Penal y ahí se desató la disputa. Sucede que el que otorga y autoriza los permisos para todos los presos condenados es justamente ese juzgado. Y la decisión de la jueza Moya fue tomada como una injerencia fuera de su competencia. Ahora no se sabe qué va a pasar y como se resolverá este conflicto.
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