Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE A 27 años del atroz crimen de María Rosa Pacheco, cuyos restos fueron hallados descuartizadas y calcinados en inmediaciones de El Villicum, la Justicia falló en contra de los dos principales sospechosos. Se trata de Juan José Balmaceda y Jorge Luis Balmaceda, hermano y cuñado de la víctima, quienes demandaron al Estado por haber estado preso un poco más de dos años por un crimen que no cometieron.
La muerte de la psicóloga fue uno de los casos que más impacto provocó en los sanjuaninos. La última vez que la vieron con vida fue el 2 de junio de 1996, cuando la mujer se despidió de su madre enferma en una habitación del Sanatorio Almirante Brown. En ese entonces, María Rosa trabajaba como asesora en el Programa de Inversión en el Sector Educativo (PRISE), que dependía del Ministerio de Educación, y desde el cual se ejecutaban cifras millonarias para la construcción de escuelas. También cumplía funciones en el Centro Caminos, una institución privada que había formado junto a otras colegas y servía de rehabilitación de personas adictas.
El 22 de julio de 1999, una llamada anónima al estudio de Canal 8 San Juan alertó a los medios -y a la Policía- de la aparición de una cabeza en El Villicum, Albardón. Los investigadores policiales constataron el hallazgo de algunos restos óseos y posteriormente los forenses confirmaron que ese cráneo pertenecía a María Rosa Pacheco.
A los tres días de encontrar el cráneo, dieron con el auto Renault 19 de la psicóloga. Estaba completamente incendiado, sin sus cuatro cubiertas y en el camino que une el Dique de Ullum con Albardón. La investigación de estos hechos y del crimen en sí, tuvo importantes cuestionamientos.
En primera instancia, la Justicia local detuvo al marido de la psicóloga, el ingeniero Juan José Balmaceda, y al hermano de éste, Jorge Balmaceda. Incluso, fueron procesados por el homicidio y llevados a juicio. Sin embargo, el 25 de septiembre de 1999, el tribunal de la Sala Tercera de la Cámara Penal los absolvió por falta de pruebas.
En ese contexto, los hermanos decidieron demandar civilmente al Estado provincial por 1,8 millones de pesos (actualmente son 17 millones) señalando haber sufrido "privación ilegítima de la libertad, sometimientos ilegales de privación de la comunicación y asistencia espiritual", sumado a un "estado de inseguridad vivido que arruinaron su honor, moral y vida entera".
Ahora se conoció, según publicó este viernes Diario de Cuyo, que la Corte de Justicia definió denegar las demandas por daños y perjuicios presentada por los hermanos Balmaceda. Esto quiere decir que la provincia no deberá pagar la indemnización que solicitaron.
El crimen, mientras tanto, sigue impune.