Después de que su socio acordara una solución alternativa del conflicto con los damnificados y como consecuencia recuperara la libertad, el empresario acusado de estafar con lotes, Héctor Andrés Storniolo, recibió la prisión domiciliaria por el término de 6 meses.
El hombre que recibió más de 300 denuncias permanecía tras las rejas en el Servicio Penitenciario desde que estalló el escándalo y, si bien su defensor Agustín Idemi había solicitado el cese de la medida coercitiva más gravosa en otra oportunidad, la respuesta había sido negativa. Esta vez, consiguió retornar a su casa del country de Rivadavia, situado en Rastreador Calívar.
El fiscal Eduardo Gallastegui, por su parte, amplió la imputación hacia la esposa del principal acusado, Patricia Alejandra Nacif, a quien le endilgaron la coautoría en el delito de estafa reiterada. Previamente había sido señalada como partícipe necesario en la comisión ilícita. No obstante, continuará en libertad.
El juez de Garantías, Gerardo Fernández Caussi, a pedido del Ministerio Público, resolvió la inhibición de bienes de los acusados y trabó el embargo de un inmueble de su propiedad para garantizar el curso de la investigación.
Según la imputación, los imputados se comprometían a entregar los lotes en un plazo de 6 a 18 meses, que se harían las transferencias legales de las propiedades y los proveerían de todos los servicios de urbanización. Sin embargo, entre algunas otras irregularidades, en uno de los loteos ni siquiera habían comprado definitivamente los terrenos y todavía estaban a nombre de sus dueños originales.
La denuncia también advierte que un mismo terreno fue vendido a varias personas; algo que se repitió en múltiples casos. Hubo proyectos inmobiliarios que ni siquiera arrancaron y otros quedaron a medias, sin la urbanización, sin los servicios básicos y sin la aprobación de los respectivos planos. Es por ello que se estima que ganaron alrededor de 300 millones pesos con la venta de lotes.
La semana pasada, Juan Mauricio Gallerano, llegó a una conciliación con los damnificados de tres loteos, dos ubicados en Pocito y otro en Rivadavia. En efecto, se suspendieron los plazos para quien se comprometió a entregar los terrenos como corresponde y, en caso de cumplir con la obligación asumida, quedará desvinculado de la acción penal.