Dos hermanos de apellido Zapata fueron imputados por el delito de estafas por prometer jugosas ganancias a partir de inversiones financieras y quedarse con más de 130.000 dólares de sus clientes. El perjuicio llega a los 160.000.000 de pesos y detrás de estos sujetos hay un oscuro pasado que viene del 2022: un apriete contra ellos por deudas a sus acreedores y el asalto que denunciaron por 240 mil dólares, aunque siempre existió la sospecha de que fue un autorobo.
Martín Esequiel y Eber Elías Zapata debieron presentarse este viernes ante la jueza de garantías Mabel Moya para responder por las presuntas estafas en perjuicio de cinco personas que les entregaron todos sus ahorros y lo perdieron todo. La fiscal Gabriela Blanco de la UFI Delitos Informáticos y Estafas señaló que las presuntas maniobras ocurrieron cuando estos sujetos poseían su oficina financiera en avenida Ignacio De la Roza, al este de España, en Capital. La firma llevaba el nombre de Denver.
Los denunciantes aseguraron que los Zapatas se promocionaban como exitosos agentes financieros o traders, que se encargaban de administrar inversiones en bancos virtuales y criptomonedas con importantes ganancias a partir de los intereses. Así, en 2022, convencieron a una mujer de apellido Tinto para que ésta les entregara 25.000 dólares con la promesa de pagarle mensualmente el 5 por ciento de lo invertido.
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La ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, junto al abogado querellante.
Un señor de apellido Aráoz también confió en ellos y les dio sus ahorros, un total 150.000 dólares. Otro que cayó en la trampa fue un tal Riveros, quien puso a disposición de los Zapata un monto de 20.000 dólares. El cuarto denunciante fue un hombre de apellido Peña, que entregó más de 26.000 dólares, y la quinta damnificada fue una persona de apellido Martos, con 71.000 dólares.
Los inversionistas firmaron contratos con los Zapata y acordaron que recibirían sus ganancias mensualmente, a la vez que podían retirar todo el capital invertido si así lo decidían. Ahora bien, en
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La jueza de garantías Mabel Moya.
todos los casos, al principio estas cinco personas obtuvieron sus intereses, pero con el correr de los meses los Zapatas empezaron a darles excusas y suspendieron los desembolsos acordados.
Para entonces, los Zapata ya andaban en problema. El 8 de febrero de 2022, los hermanos recibieron el “apriete” de dos hombres que fueron a exigirles que devolvieran los 4.000 dólares que su madre les había dado para invertir en criptomonedas. Aquella vez, los supuestos agentes financieros aseguraron que habían sido asaltados, pero no era más que una represalia contra ellos.
Los Zapata también fueron noticia la noche del 29 de junio de 2023. Eber Elías Zapata denunció ese día que fue asaltado por una banda que lo emboscó en las calles 9 y Joaquín Uñac (o Mendoza), en Pocito, y que le robó 240.000 dólares. El agente financiero dijo que llevaba esa plata porque iba a hacer un negocio, pero los policías no le creyeron. Iba solo en su auto, sin ningún tipo de recaudos. Además, revisaron las cámaras de seguridad de la zona y no vieron los vehículos que señaló en su denuncia. El caso dejó muchas dudas y hasta se habló de un autorobo con posible fin de justificar la falta de pago a sus clientes.
De hecho, a las cinco personas que después los denunciaron en la UFI por estafa, los Zapata les dijeron eso: que no podían asumir los compromisos acordados ni devolverles el dinero a raíz de ese asalto.
La ayudante fiscal Gabriela Blanco sospecha que Martín y Eber Zapata se aprovecharon de la confianza de estas personas, les prometieron ganancias que no podían cumplir, que realizaron pequeños pagos para continuar con la farsa y después se quedaron con esos 130.000 dólares, que en pesos argentinos son 160.000.000.
Fue así que, en la audiencia de este viernes, les imputó el delito de estafa de inversiones y pidió el plazo de 9 meses para la investigación. Martín y Eber Zapata prefirieron no declarar, mientras que la jueza de garantías Mabel Moya dio por habilitada la investigación penal preparatoria contra ambos por el plazo de 6 meses, les trabó la inhibición de todos sus bienes y dispuso que ambos continúen en libertad, aunque cumpliendo normas de comportamiento.