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En la mira

Las otras dos causas que acorralan a Ortega, el funcionario judicial que protagoniza un escándalo

Está imputado por asociación ilícita, tráfico de influencia y otros delitos en una causa que destapó la olla y levantó polvareda en Tribunales. Cuáles son los otros expedientes penales que complican su situación procesal.

Por Redacción Tiempo de San Juan 18 de agosto de 2022 - 23:26

El funcionario judicial Juan Pablo Ortega se encuentra envuelto en un verdadero escándalo tras quedar en la mira de la justicia, sospechado de armar y manipular causas a gusto y placer no sólo por un hecho -el que destapó la olla-, sino por otros dos que complican su situación procesal.

Luego de haber zafado del proceso penal que lo tenía en la mira por encubrimiento en el caso Parisí, quien fuera coordinador en la Fiscalía General y Relator de la Corte de Justicia fue acusado por el Ministerio Público por asociación ilícita, tráfico de influencias, ejercicio ilegítimo de la profesión e incumplimiento de sus deberes como funcionario público.

La investigación que lleva adelante el fiscal Francisco Micheltorena, respaldado por Adrián Riveros, se originó después de que fuera denunciado por un hombre al que, presuntamente, perjudicó a través de maniobras ilícitas, aprovechándose de su posición dentro del Poder Judicial. Sin embargo, habría existido un pacto de impunidad para que ninguna de las partes mueva el expediente.

La otra causa por la que quedó contra las cuerdas es una en la que, gracias sus maniobras, habría favorecido a un sujeto imputado por abuso sexual.

Curiosamente, en las causas mencionadas, Ortega es el denominador común como así también otros nombres: el de su esposa, Belén Rodríguez; el de una funcionaria judicial amiga de la pareja, Claudia Elizondo; y el de una abogada particular, identificada como Sandra Cozzi.

Es por ello que la instrucción de la UFI Delitos Especiales apuntó contra estas cuatro personas, las que se habrían aprovechado de artilugios judiciales para controlar el avance de las causas penales. Fuentes tribunalicias indicaron que en los tres expedientes resultaba llamativa la participación de los mismos nombres, como así también la forma en la que se desenvolvían en sus presentaciones y peticiones. Incluso, las fuentes advirtieron que de no tomar nota sobre esos detalles o mirar para otro lado habría significado cometer un acto de corrupción.

El caso de violencia de género y ¿un pacto de impunidad?

Todo comenzó cuando el ex de una conocida suya, la funcionaria judicial Claudia Elizondo, fue detenido el 24 de diciembre de 2019. En plenos festejos de Noche Buena, el sujeto identificado como Sergio Javier Guerrero fue aprehendido en circunstancias que aún están bajo investigación, puesto que antes de que llegara personal policial para arrestarlo por el supuesto agravio contra su ex pareja, se hicieron presentes Ortega y su mujer.

En ese momento, Ortega habría enfundado un arma de fuego para amedrentar y reducir a quien minutos después fue detenido. Testigos del hecho complicarían al funcionario en el ojo de la tormenta por su proceder.

Luego de quedar tras las rejas, a disposición del Quinto Juzgado de Instrucción, Guerrero designó a una abogada particular, quien solicitaría la excarcelación que sería rechazada por el juez, lo mismo que el cambio de calificación que había solicitado la fiscalía.

Durante la indagatoria, Guerrero -que se abstuvo a declarar- quedó imputado del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género; privación ilegítima de libertad agravada y daño. Más tarde, cambió de defensa en dos oportunidades y fue la última, la que comienza a darle forma a las sospechas que hoy recaen sobre sus hombros.

Es que la última letrada que eligió para su defensa fue Sandra Cozzi, la amiga de Ortega, quien colaboró para que quedara preso. Lo primero que hizo la letrada fue insistir con la excarcelación y, tras el OK del juez, consiguió la libertad para su cliente, el 14 de febrero de 2020. Hasta allí, hizo su trabajo y cumplió con su patrocinado. Sin embargo, lo que vino después fue una serie de presentaciones que propició una compleja trama judicial que retrasó una resolución judicial.

Cozzi pidió un reajuste de la calificación y además cuestionó la intervención del juzgado, solicitando la incompetencia y su remisión al Primer Juzgado Correccional. Lo extraño para los investigadores -dijeron las fuentes- es que en el escrito que presentó, la abogada utilizó expresiones propias de un magistrado y no de un litigante común y corriente.

Frente a ese pedido, el juez que subrogaba el Quinto de Instrucción -Diego Sanz- se inhibió por mantener una amistad con la presunta víctima de violencia de género y la causa pasó a manos del Primer Juzgado de Instrucción.

Con el imputado en libertad, la causa no estaba entre las más urgentes y quedó relegada, sin movimiento hasta que decantó en la Unidad Conclusiva de Causas, cuando el juzgado que la albergaba se disolvió. Allí, casualmente desempeñaba funciones Rodríguez, la esposa de Ortega.

Recién, el 19 de marzo del 2021 y al cabo de un año sin novedades en el expediente, Cozzi pidió la ampliación de la indagatoria y que se resolviera la situación procesal de su defendido; algo que hasta el momento no se ha dado.

El tiempo que transcurrió y el cambio de actitud por parte del acusado fue lo que hizo desconfiar a los investigadores, por lo que se estima que habría habido un pacto entre las partes. Es que si nadie hacía nada, la causa se encaminaría al archivo o bien la prescripción. Quizás ese proceder de Ortega durante la detención habría sido el motivo para dejar de instigar en contra del acusado por todo lo que había en juego, quién sabe.

El caso de abuso sexual que nunca se resolvió

Todo comenzó el 8 de noviembre de 2019, cuando la madre de la supuesta víctima, una nena de 4 años, radicó la denuncia en ANIVI contra el padre de la menor, por abuso sexual agravado por el vínculo. Esa investigación recayó en el Primer Juzgado de Instrucción, que se ampliaría 8 meses después con una nueva denuncia contra el mismo hombre.

Esa segunda denuncia quedó en manos del Segundo Juzgado de Instrucción, pero como ya existía una instrucción de la misma naturaleza en otro juzgado, el expediente fue remitido al Primer Juzgado de Instrucción y allí ambas causas se unificaron.

En el mientras tanto, la madre de la nena se conformó como parte querellante mientras que el sospechoso del delito contra la integridad sexual de su hija designó a diversos abogados hasta que eligió a Sandra Cozzi. Una vez más, la abogada tendría intromisión en un caso bajo la lupa.

La designación oficial ocurrió el 4 de julio de 2020 y a partir de entonces, la litigante inició con su labor. Estos cambios en la defensa se presentaron al mismo tiempo que el acusado recibía su segunda denuncia. Tras ofrecer perito de parte para la Cámara Gesell y de solicitar pericias psicológicas para la denunciante y el denunciado, la causa no avanzó demasiado y en 2021 pasó a la Unidad Conclusiva de Causas.

Curiosamente, ese mismo expediente fue instruido por Claudia Elizondo; algo raro porque, según sostuvieron las fuentes, los jefes de Instrucción no suelen tener contacto directo con las causas, ya que es tarea de los instructores.

Con Cozzi de un lado del mostrador y Elizondo del otro, se dictó el sobreseimiento para el imputado por inexistencia de los hechos denunciados y, por ello, la querella -conformada entonces por Fernando Echegaray- apeló el fallo.

Esa queja fue elevada a la Sala Segunda de la Cámara Penal , el 14 de diciembre de 2021, tribunal que hizo lugar al pedido de la parte querellante y revocó la resolución que beneficiaba al acusado. Además ordenó que se continuara investigando en la Unidad Conclusiva de Causas.

La conexión que Ortega tendría con este caso es que, acorde algunos testimonios, es que Cozzi se habría dirigido al personal de la Unidad Conclusiva de Causas con expresas indicaciones de quien fuera coordinador de la escuela Judicial, nombrándolo y exigiendo medidas a sus subordinados.

Lo que siguió en la investigación no fue con novedades destacadas, ya que tanto el imputado como la querella cambiaron de representación legal. Cozzi se apartó y la causa aún permanece allí sin resolver.

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