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Escándalo en Tribunales

La trama del tráfico de influencias en San Juan: los detalles del caso de abuso que lo disparó y las sospechas cruzadas

Hay un altísimo funcionario judicial bajo sospecha, la letra chica. La antesala fue una disputa entre un abogado y una empresaria local por la hija en común. Manejos y denuncias a ambos lados.

Por Sebastián Saharrea 15 de agosto de 2022 - 22:47

Ninguna de las partes discute el contexto en que se produjeron los hechos que dispararon el escándalo judicial por tráfico de influencia en los tribunales sanjuaninos que tiene a tres funcionarios y una abogada sospechados: fue en un baño, entre un padre y su hija.

Difieren en lo que allí ocurrió: para el padre, un hecho de higiene de lo más normal, para la madre un abuso. Y derivó en una causa iniciada por la madre de una niña contra su ex marido por presunto abuso sexual. Y siguió con la denuncia de éste último contra los funcionarios judiciales, luego de recibir la falta de mérito en esa investigación penal.

Ahora se conocieron detalles de ese procedimiento penal, que fue el disparador de un escándalo y que tiene a ambas partes denunciando o sospechando de la otra por tráfico de influencias.

Se trata de una reconocida empresaria del rubro indumentaria –ex esposa además de un diputado nacional-, quien presentó una denuncia contra su pareja, un abogado que trabaja en la Justicia Federal y cumple funciones en el Tribunal Oral.

La mujer denunció en enero de 2021 que su entonces pareja había abusado sexualmente de la pequeña hija de ambos de 5 años. Se apoyó en el relato que presuntamente había realizado la niña, sobre un baño de padre a niña que -según la mujer- había derivado en el abuso. En consecuencia, la menor dio su testimonio ante el ANIVI, con ambas partes presentes, y desde allí se disparó una larga disputa entre peritos y testigos.

Esa denuncia derivó en la Unidad Conclusiva, donde intervinieron dos de las funcionarias que quedaron encuadradas como sospechosas por el presunto manejo judicial: María Belén Rodríguez y Claudia Elizondo, prosecretaria y secretaria de esa unidad. Además de una tercera funcionaria a la que apuntó el padre de la menor, Sofía Muñoz, sobre quien no prosperó la acusación.

Rodríguez es la esposa de Juan Pablo Ortega, hasta ahora a cargo de la Escuela Judicial y el Colegio de Magistrados. Elizondo, amiga de Rodríguez. Entre ellos, sostiene el padre de la menor, digitaron la causa para convertir “un simple acto de higiene” es un cargo penal por abuso agravado y el objetivo que romper el vínculo filiar de padre e hija.

Que de hecho consiguieron, porque el fallo del juez de garantías subrogante Eduardo Raed impidió el contacto del padre con la hija ante la investigación, que ahora lo tiene con falta de mérito. Es decir, ni responsable ni inocente, sino que no hay por ahora elementos para seguir avanzando.

Cuando el año pasado el padre obtuvo ese fallo, apuntó directamente sobre Ortega y todo su entorno. Ortega es el mismo que apareció como subalterno y amigo de Mario Parisí, altísimo funcionario judicial denunciado por golpear a su pareja. Según la denunciante, Ortega le había sugerido que cambien su declaración contra Parisí y junto a un médico de apellido Gil ofrecieron pasajes y dinero a cambio. Fueron sobreseídos por ser amigos de Parisí. E increíblemente, cuando el sábado se entregó en la Central de Policía, lo escoltaba su amigo Parisí.

Volviendo a la denuncia del padre de menor, el argumento es que la madre de Ortega conoce a la madre de la denunciante, que así hicieron contacto y que Ortega utilizó toda su influencia en Tribunales para apuntar contra el padre. Y presentó la denuncia no sólo contra las citadas funcionarias sino también contra ambas madres, también contra la madre de la mujer denunciante (es decir, su ex), también de profesión psicóloga (a quienes no se identifica en esta nota para proteger la identidad de la menor), y las tres psicólogas de parte presentadas en la causa: Cristina Marcó, Delia Sobrero e Inés Ortalli. Además de la abogada de la denunciante, Teresa Sendra. De todos ellos, la investigación avanzó sólo con Ortega, Rodríguez, Elizondo y la abogada Sandra Cozzi, a quien el padre señala como un instrumento de Ortega para avanzar en el presunto armado de la causa.

El escrito de la denuncia del padre de la menor fue presentado en febrero de este año contra todas esas personas. Son 44 fojas en las que relata todo tipo de presuntas componendas, siempre según su criterio dirigidas por Ortega y el concurso de las funcionarias de la Unidad Conclusiva.

Se detiene en particular sobre los dictámenes de las pericias psicológicas de parte presentadas por la madre, es decir las de Marcó, Sobrero y Ortalli. A la primera, la descalifica porque indica que es vecina y amiga de la familia. Y a la segunda, por una presunta relación con Ortega: dice que el funcionario judicial la traía a San Juan a exponer en jornadas que organizaba desde la Escuela Judicial, presuntamente contratada.

A las tres las contrasta con el criterio de la psicóloga de ANIVI, Vanesa Pringles, quien había tenido un criterio más cercano al padre en el sentido de dictaminar que no había ocurrido un abuso en ese baño de padre a hija. Incluso, la extensa denuncia del padre agrega párrafos de la denuncia de la madre de la menor en cuestión, en los que se desarrollan horrorosos detalles de ese momento entre el padre y la niña de acuerdo a la denuncia de la madre de la menor.

Con todos esos elementos y el fallo de falta de mérito, el padre de la niña armó su rompecabezas de la situación para detallar el rol de cada uno de ellos en esta presunta red de influencias en Tribunales dedicado a romper el vínculo del padre con la niña con una grave acusación por abuso. Instrumentado según él por Ortega y compañía, y orquestado por su ex junto a su madre, es decir la abuela de la niña.

Pero la fuerte sospecha de tráfico de influencias en los eslabones judiciales no es atribución sólo del padre denunciado por abuso por la madre de la menor. También hay sospechas de manipulación en el sector de Ortega, un funcionario judicial todoterreno, que supo prestar funciones tanto por encargo de la Corte como de la jefatura de fiscales, y ahora aparece bajo todos los reflectores.

En su defensa no dejan de remarcar un pasaje de la propia denuncia del padre de la menor, en el que sobresale como uno de los principales elementos probatorios un par de mails entre las peritos de parte y la instructora judicial Rodríguez. Es uno de ellos, la perito Sobrero le dice a Rodríguez “como habían acordado”. Ese es indicio para el denunciante de que hubo comunicaciones previas del perito a la instructora, que luego ésta recomienda en un proyecto de fallo al juez de garantías Raed.

Pero resulta que esas comunicaciones se produjeron en el mail institucional de Rodríguez, el mismo que utiliza para acceder al Lex doctor, el sistema reservado a los funcionarios judiciales para las causas. La pregunta que se hacen los defensores de Ortega es cómo accedió el padre denunciante a esos mails que cita en la denuncia, si su acceso es privativo para el funcionariado judicial.

A partir de allí, tejen todo tipo de especulaciones sobre cómo pudo haber sido que esos mails llegaron a manos de los denunciantes contra la presunta organización judicial de tráfico de influencia. Hay especulaciones de lo más jugadas sobre ese tema, ninguna de ellas en condiciones de ser publicada ante su contenido volcánico y sin pruebas que lo avalen. De hecho, la propia defensa de Ortega, ejercida por Nasser Uzaír, no descartaba este lunes ir decididamente contra el fiscal Micheltorena por este tema de los mails, ante la posibilidad de que se estuviera ante un delito y no lo hubieran denunciado. Pero finalmente no lo hicieron, por alguna razón.

De remate para esta trama de tráfico de influencias cruzado, tampoco faltan los que se dedican a establecer líneas desde el propio denunciante. Como quienes lo señalan como presunto compañero de cátedra universitaria con un miembro de la Corte.

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