El Octavo Juzgado Civil de San Juan resolvió este jueves la inmediata restitución de los concejales opositores a la gestión de la intendenta Romina Rosas, Emanuel Castro y Ramiro Fernández (ambos del Bloque Cambia San Juan), suspendidos en sus cargos desde el pasado 27 de noviembre. La decisión se tomó en el marco del amparo presentado por ambos funcionarios, identificado como Autos N° 2396/25, y se mantendrán en funciones mientras se sustancia y resuelve de manera definitiva el proceso.
La suspensión inicial se produjo tras una moción del oficialismo en el Concejo Deliberante de Caucete, luego de una denuncia penal presentada por Cristina García, secretaria del bloque Cambia San Juan. La mujer acusó a los concejales de exigirle parte de su sueldo a cambio de conservar su puesto. Según fuentes judiciales, desde diciembre de 2023 García habría entregado el 50% de su salario mediante transferencias bancarias y operaciones digitales, y denunció que uno de los ediles ejerció presiones en su domicilio. Además, aseguró que una carta presentada en abril ante el Concejo fue firmada bajo coerción. La causa se encuentra en investigación en la UFI Delitos Especiales.
Durante la sesión del 27 de noviembre, el presidente del Concejo, José Luis Giménez, notificó la suspensión a Castro y Fernández y les pidió retirarse del recinto. Ambos concejales se negaron, lo que generó un fuerte cruce con el titular del cuerpo, quien advirtió que levantaría la sesión ante el desacato.
El fallo del juez Walter Ramón Otiñano revoca la decisión anterior que había rechazado la medida cautelar y ordena que los concejales recuperen sus funciones de manera inmediata, destacando que la decisión se fundamenta en los nuevos elementos incorporados al proceso. La cédula de notificación instruye a la Municipalidad de Caucete a cumplir con la restitución de los ediles mientras se sigue investigando la denuncia penal.
La medida se produce en un contexto de reiterados conflictos internos en el Concejo caucetero. En las últimas semanas, varios ediles se retiraron de sesiones alegando falta de garantías institucionales, mientras que desde el oficialismo sostienen que las maniobras de la oposición buscaban impedir el tratamiento de la suspensión derivada de esta denuncia.
