Expropiaciones: el defensor de Santiago Graffigna salió con los tapones de punta

Marcelo Fernández, que será el primero de los defensores en presentar los alegatos en el debate que se lleva adelante en el Concejo Deliberante de Capital, habló con Tiempo de San Juan en la antesala de su exhibición y aseguró que ni el Ministerio Público ni la parte querellante lograron sostener con pruebas lo que habían enunciado en la instrucción, como así también calificó de absurdo el pedido de pena.

"La verdad que todas las defensa estamos absolutamente sorprendidas, es la primera vez en un juicio oral y público que vemos cómo el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante no han citado ni han valorado un solo elemento probatorio de juicio", señaló y agregó: "En casi dos años de juicio, deben haber declarado entre 60 y 70 testigos, aclarando que en el 99% de los casos son todos propuestos por ellos, no pudieron sostener nada de lo que les hicieron decir en la instrucción durante la investigación de la causa".

Sobre ello, el letrado, que destacó que la querella manejó arbitrariamente la cuestión de los testigos, manifestó que aquellos que prestaron testimonios se contradijeron, ocultaron información y que hasta mintieron con tal de mantener el relato de la Fiscalía de Estado. Sin embargo, remarcó que en los alegatos no se mencionó nada de las declaraciones que se produjeron en el debate.

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"Se han ido a la prueba documental, básicamente yo lo defino como que lo que han hecho es reeditar un acto procesal ya precluido, algo que no se puede hacer, no se puede reeditar. No obstante, lo que hicieron es agarrar el requerimiento de elevación a juicio, leerlo, remozar y, en el caso de la Fiscalía de Estado, lo hicieron con un despliegue cinematográfico", sostuvo en referencia a la presentación que hizo el abogado querellante Rubén Pontoriero, que utilizó televisores y un micrófono especial.

Sobre su exposición, expresó que utilizó los expedientes y solamente mostró las partes que cuadraban con su teoría del caso. Sin embargo, a su criterio dicha tarea no sirvió demasiado. "Lo que han hecho es no demostrar nada, son todas conjeturas, que son las que sirvieron en su momento para iniciar la causa y para continuarla, pero estamos en una instancia en la que ellos tendrían que haber ido a concluir y decir 'miren señores esto lo probamos de tal manera', y no conjeturar como hicieron", añadió.

Quien sostiene la inocencia de Graffigna, como así también advierte que la mega causa es producto de un abuso de la jurisdicción penal, no dudó en aseverar que la causa fue armada y que los intereses políticos de algunos fueron claves en esa supuesta diagramación. En ese sentido, apuntó contra un miembro de la Corte de Justicia, que en su momento fue Fiscal de Estado cuando se originó la causa, Guillermo De Sanctis.

"Quién armó la causa, nosotros lo venimos sosteniendo desde antes, utilizaron la jurisdicción penal, utilizaron el poder del Estado, el poder político que tenían en aquel entonces para amedrentar personas, para poner y sacar jueces y fiscales, para hacerles decir a los testigos lo que quisieron", declaró y siguió: "Hubo objetivos particulares de las personas que se encargaron de ser un simple asesor a, permítame la expresión, comerse un fiscal para pasar a ocupar el puesto y después ascender a lo más alto de la justicia", describió el mismo que confirmó que se refería al cortista.

Más allá de entender que la parte acusadora intenta convencer al tribunal compuesto por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo, recalcó que la autoridad tendría que estar por encima de cualquier pretensión. "Debo decir que nos abrigamos a una pequeña esperanza de que nos vamos a encontrar con un tribunal que va a ser justo y que va a actuar como corresponde", dijo.

No obstante, dejó entrever ciertas suspicacias. "En una provincia como ésta, en la que una de las personas más importantes del Poder Judicial ha tenido esta actuación, sospechosa y complicada dentro de la causa, armando, haciendo y deshaciendo, es jerárquicamente el jefe directo de quienes deben resolver, resulta difícil que haya una sentencia que diga acá no hay delito, se absuelve tales personas", replicó quien admitió estar en un brete por ello.

A propósito de las penas pedidas por el fiscal Daniel Galvani y la querella encarnada por Dávila, Fernández tildó de absurdos los requerimientos y los equiparó a delitos mucho más graves. "Para colmo, nos encontramos con un funcionario público de la envergadura y de la importancia que tiene el Fiscal de Estado, a quien le dieron un papelito para que se pusiera a leer pena, que es prácticamente la de un homicidio", señaló.

Frente al importante monto de la pena solicitado, el abogado concluyó con que se hizo de tal modo para ejercer presión sobre el tribunal. "Con eso le dijeron al tribunal que, si ustedes no condenan, la Provincia va a tener que salir a pagar miles de millones de dólares, no sé dónde sacaron la conversión. Además, las sentencias no se pagan en dólares. Han querido agrandar y lo que entiendo que han hecho es tratar de llevarle la presión al tribunal", cerró.