Por una resolución judicial, la joven que fue víctima de los abusos sexuales de su padre debió marcharse de su casa a pesar de que el violador fue condenado, ya que le revocaron la prisión preventiva porque el fallo no está firme y regresó a su domicilio. Como consecuencia, la chica que recibió el revés de la justicia, y que no podía vivir bajo el mismo techo que su agresor, fue trasladada a un hogar del Estado.
La decisión que benefició al sujeto penado a 14 años de prisión fue del Tribunal de Impugnación y, pese al perjuicio que le representó a la menor, la misma no puede ser apelada por la fiscalía. Así lo explicó una fuente allegada al caso, puesto que no se trata de una sentencia condenatoria, sino de una medida cautelar.
Según explicaron las fuentes, la Corte de Justicia determinó que las disputas por medidas cautelares terminan en el Tribunal de Impugnación, sin la posibilidad de que una de las partes, en caso de quedar inconforme, acuda a una instancia superior. La única excepción a la regla es que la cautelar en juego sea la detención de un imputado.
La contradicción que se presentó en la justicia sanjuanina y provocó un vacío legal generó indignación entre quienes recorren los pasillos de tribunales, según pudo saber este diario. Sin embargo, no hay maniobra alguna que se pueda hacer para modificar la situación y sólo resta esperar que el fallo condenatorio contra el padre abusador quede firme. Mientras tanto, la adolescente deberá permanecer en el hogar.
Las fuentes detallaron que fue la misma Corte de Justicia la que sentó jurisprudencia, cuando el año pasado estableció que no debía intervenir en la puja por una medida cautelar. El fallo fue en la escandalosa causa por abuso sexual y amenazas contra Facundo Torraga, hijo del conocido bodeguero Mario Arnoldo Torraga.
En esa oportunidad, la Corte rechazó el pedido de prisión preventiva para Torraga que había elevado en casación la fiscal Silvina Gerarduzzi. Acorde dijeron las fuentes, esa fue la primera vez que trató el tema y definió que Impugnación fuera la última instancia para prestar una queja de ese tipo.
El complejo caso
La causa salió a la luz tras la contradicción que surgió con el fallo de Impugnación. Si bien el Tribunal de jueces de Garantías -compuesto por Gabriel Meglioli, Verónica Chicón y Eugenio Barbera- había sentenciado por unanimidad al acusado por abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la situación de convivencia, el vínculo y el grave daño a la salud mental de la menor, como así también le había dictado la prisión preventiva hasta que el fallo quedara firme, el tribunal superior revocó la medida cautelar y dejó en libertad al padre abusador.
A pesar de que los magistrados de primera instancia pretendían que el sentenciado fuera trasladado al Servicio Penitenciario, la defensa apeló por la medida preventiva y solicitó que fuera liberado hasta tanto la resolución no se encontrara firme.
Impugnación, con fallo dividido, le dio la razón y benefició al sujeto que atacó a su hija en múltiples ocasiones, desde los 10 hasta los 13 años.
Uno de los jueces, Ferando Echegaray, sostuvo que la medida de coerción no había sido argumentada y además destacó el buen comportamiento del sentenciado durante el proceso penal. El otro magistrado, Bendicto Correa, adhirió a lo expuesto por su colega, mientras que Ana Lía Larrea se mostró en desacuerdo y votó en disidencia. No obstante, ganó la mayoría y el acusado y condenado recuperó la libertad.