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SUSCRIBITEDesde la defensa del dueño del rodado aseguran que no existió una orden judicial y, por tanto, se violaron las garantías constitucionales. El abogado cuestionó a la representante del Ministerio Público por entender que actuó con arbitrariedad.
Después de que una camioneta que era vendida en el centro sanjuanino fuera secuestrada por las autoridades, que sospechaban que podía ser robada porque tenía un pedido de secuestro por parte de la justicia de Córdoba, el abogado del dueño del rodado salió con los tapones de punta contra la fiscal que ordenó el procedimiento y aseguró que actuó con arbitrariedad.
Según explicó Leonardo Miranda, personal de la Brigada de Investigaciones Norte, bajo las directivas de la fiscal Paula Aarredondo, de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, procedió con el secuestro de una Toyota Hilux que tenía el cartel de "se vende" y que se hallaba estacionada en la vía pública, en inmediaciones de Av. Ignacio de la Roza y Av. Rawson, en Capital.
Acorde señalan las actas policiales, los uniformados se encontraban realizando tareas investigativas cuando dieron con el vehículo, que tenía un pedido de secuestro del 2023 y de parte de un juzgado civil. A pesar de que el hombre que la poseía, identificado como Leonardo Daniel Tapia, exhibió el boleto de compraventa y demás documentación, el abogado señaló que -de igual modo y sin mostrar una orden judicial de secuestro- se apropiaron de la camioneta.
Frente a esta situación, Miranda solicitó la intervención de un juez de Garantías no sólo para que realice el control del procedimiento, el cual advirtió que fue fuera de la ley, sino también para que la movilidad le fuera restituida al dueño. El letrado detalló que lo que pesa sobre el bien es una inhibición. No obstante, aclaró que esa situación judicial debía resolverse en la justicia civil. "La justicia penal no tiene competencia en este caso", agregó.
"El secuestro se rige por las mismas reglas que para el allanamiento o requisa, ya que implican una relación de género a especie. Y la regla general indica que debe presentarse una orden judicial escrita... y debe efectuarse en conocimiento del juez natural", argumentó en su presentación.
Asimismo, el abogado se mostró preocupado porque aseveró que en la Oficina Judicial no tenían conocimiento del legajo y, por tanto, lo habían instado a realizar las consultas en la fiscalía que intervino en el hecho. "Nadie sabe dónde está el expediente. Yo quiero que a mi cliente le devuelvan la camioneta y que se ocupe el fuero que tiene que hacerlo", manifestó.
"El accionar de la representante del Ministerio Público no ha hecho más que echar por tierra y convertir en letra muerta todo el andamiaje jurídico de derechos subjetivos amparados por el bloque de constitucionalidad", remarcó en su presentación ante la justicia.