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SUSCRIBITE El cuidador de un hogar de niños de San Juan quedó en la mira de la justicia, después de que uno de los menores dijera que lo manoseaba en sus partes íntimas. Se trata de Oscar Alfredo Calívar, hermano de la ex funcionaria de la Dirección de Niñez María Eugenia Calívar, quien cumplía funciones como guardador en una de las residencias del estado.
El escandaloso caso salió a la luz el 3 de junio de este año, cuando enfermeras de un hospital atendieron a la presunta víctima de 10 años y ésta les confesó que era sometido sexualmente por el imputado. Así lo afirmó la fiscalía, representada por la Dra. Paula Aarredondo, que recibió la denuncia por parte de las trabajadoras de la salud un día después.
Acorde surgió de la investigación que se inició en la UFI ANIVI, trascendió que el sujeto sospechado del aberrante delito trabajaba para una asociación que ofrecía servicios en el hogar y que su tarea era la de custodiar a los menores. El mismo imputado reconoció no haber mantenido un contrato con Niñez. Sin embargo, cuando la causa judicial llegó a oídos de las autoridades, fue separado de su cargo de forma preventiva.
Según señaló la funcionaria del Ministerio Público, la familiar del acusado, que se desempeñaba como titular de la Secretaría Técnica Social, habló con personas que fueron entrevistadas por la fiscalía y a ellas les negó que su hermano fuera capaz de hacer algo similar a lo que se sospecha. Incluso, Aarredondo señaló que la funcionaria de Niñez cargó tintas contra el menor, aseverando que sufre problemas psicológicos.
Fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano dijeron que María Eugenia Calivar renunció meses atrás, sin precisar la fecha exacta. Según los archivos, hasta abril de este año (inclusive) trabajaba en la cartera, por lo que se estima que se desvinculó entre los meses de mayo y junio.
Este martes por la mañana, Calívar fue acusado formalmente por el delito de abuso sexual simple agravado por su calidad de guardador y, a pesar de ello, quedó en libertad. No obstante, deberá presentarse una vez al mes en la Comisaría 25º para prestarse a derecho y no podrá acercarse al menor en cuestión.
Si bien tuvo la oportunidad de declarar, el imputado se abstuvo a hacerlo y su defensa, encarnada por Rodrigo y Fernando Aguirre, solicitó que la Cámara Gesell no se realice con tanta urgencia. La juez de Garantías, María Gema Guerrero, le dio lugar al pedido de los defensores y puso como fecha límite el 3 de septiembre para concretar la prueba.
El tiempo de la Investigación Penal Preparatoria se estableció por el rango de un año, lapso que tendrán las partes de producir las pruebas necesarias para la instrucción del caso.
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