El exfuncionario judicial que fue acusado de armar causas para perjudicar o favorecer a personas que eran investigadas por la justicia fue condenado este lunes a un año de prisión condicional y a dos años de inhabilitación, después de que su defensa acordara con la fiscalía el castigo y el juez de Garantías aceptara el mismo.
Es que si bien Juan Pablo Ortega estaba sospechado por abuso de autoridad, incumplimiento a los deberes de funcionarios público y asociación ilícita, el Ministerio Público no encontró elementos para sostener la acusación más grave y por ello la pena fue menor de lo que se preveía al inicio de la causa. Tal y como lo había adelantado este medio, el fiscal reajustó la calificación y el imputado reconoció los ilícitos que cometió.
Acorde señaló el fiscal Francisco Micheltorena, de la UFI de Delitos Especiales que comendó la investigación, los hechos probatorios y la valoración de las evidencias obligaron a reajustar la imputación. En líneas generales señaló que quien fuera secretario relator de la Corte interfirió en diferentes momentos en una causa en la que no tenía injerencia.
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Argumentó que, aprovechando su condición de funcionario público, llamó por teléfono a quienes instruían en un expediente de presunto abuso sexual, sugirió estrategias y propuso colaboración con escritos. Algo que también se repitió en otra causa similar, en la que un odontólogo está acusado de abusar a una menor.
A través de un escrito, el ex coordinador de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial que renunció como funcionario público reconoció los delitos que le reajustaron y por ello, en la audiencia de esta jornada, quien estuvo representado por la defensora oficial Cecilia Mut Russo admitió una vez más sus infracciones.
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Para Micheltorena, el ejercicio ilegal de la profesión no se configuró, al igual que no se logró acreditar la asociación ilícita, ya que no hubo acuerdo previo para las acciones delictivas. "Hay una sola agresión a la ley penal de perturbación del orden de la justicia, como así también infraccionó la Ley de Ética y Ley Orgánica de Tribunales", sostuvo.
La querella, representada por Sandra Leveque, no prestó oposición al acuerdo aunque dejó en claro que lo ocurrido fue serio y preocupante. "Quedó acreditada la manipulación del imputado. Son hechos muy graves que afectaron a mi cliente", expresó.
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Tras tomarse un cuarto intermedio de media hora, el juez Andrés Abelín Cottonaro analizó el acuerdo y lo homologó. De esta manera, Ortega fue sentenciado con un año de prisión en suspenso y el doble de tiempo inhabilitado a ocupar un cargo público.