Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE Este martes por la mañana se retomó la audiencia por el caso que involucra a Mario Parisí, el funcionario judicial que es investigado por violencia de género, y frente al juez de Garantías Matías Parrón la Fiscalía se cruzó con la defensa del imputado y las de sus amigos, también implicados en la causa.
El incidente que se produjo entre los representantes del Ministerio Público y los abogados defensores fue por la presentación de pruebas por parte de la defensa, la que había intentado introducirlas en la audiencia anterior. En esa oportunidad, la fiscal Claudia Salica solicitó que el proceso de presentación se respetara y se hiciera debidamente, por lo que el magistrado dictó el cuarto intermedio para ello.
Es por eso que se esperaba que las pruebas documentales y testimoniales fueran recibidas y el proceso avanzara. Sin embargo, la Fiscalía las rechazó de forma categórica, al no configurarse los presupuestos de admisibilidad bajo su criterio.
Esta acción de los fiscales de la UFI CAVIG cayó mal entre las defensas encarnadas por Nasser Uzair, Fernando Castro y Marcelo Fernández, éstos dos últimos patrocinadores de Juan Pablo Ortega y Jorge Gil, sospechados de haber cometido el delito de encubrimiento.
Una vez más, Castro tomó la lanza y con argumentos jurídicos apuntó contra el Ministerio Público. Además de solicitar que se rechace la petición de los fiscales, pidió la apertura de pruebas que a su entender son claves para desligar a Ortega y Gil.
El dato no resulta menor, ya que de darse lugar las figuras del Poder Judicial serían todavía más. Es que para dar fe de la relación de amistad entre Parisí y los presuntos encubridores, un juez de Impugnación y un fiscal de Cámara de renombre se involucrarían en la causa que provocó revuelo en Tribunales.
Para fundamentar su planteo, Castro insistió con que Ortega y Gil deberían ser separados del proceso por la 'amistad íntima' con el principal imputado, acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo, desobediencia de una orden judicial y amenazas agravadas por el uso de arma blanca.
Sobre el concepto que los deslindaría, según la defensa, Castro indicó que es una causal que impide que el estado pueda condenar. "No se trata de una cuestión procesal, sino de un derecho sustantivo establecido en la Constitución Nacional", agregó y siguió: "Es inexorable que se pueda proseguir así".
Por su parte, el juez Parrón pidió una solución abreviada para avanzar con la presentación de pruebas y como consecuencia dictó un nuevo cuarto intermedio, aunque sin plazo establecido, a los fines de que las partes se pusieran de acuerdo.
El abogado querellante Reinaldo Bedini se mostró molesto tras el final de la audiencia, dado que remarcó que el planteo que hacen las defensas es sobre una calificación que puede cambiar de un momento a otro, por lo que resulta inconsistente. "Cuando se abrió la investigación fue bajo el encubrimiento, pero yo también podrían pedir por una asociación ilícita dado el peso de las figuras judiciales comprometidas", sostuvo.
Quien representa a la denunciante de Parisí habló de "corporación judicial", no sólo por los imputados sino también por los posibles testimonios que se darían si finalmente la prueba es aceptada.