¿Abogada estafadora?: tres jueces la denunciaron por fraude y ella zafó con la probation
Es la letrada del fuero civil, que para ahorrarse dinero usó los mismos estampillados en tres juzgados distintos. La denunciaron y, antes de ser condenada, consiguió la suspensión del juicio a prueba. Deberá pagar y hacer tareas comunitarias.
Una abogada fue denunciada por tres jueces de familia e imputada de fraude por una maniobra ilícita con el uso de sellos y estampillados para ahorrarse alrededor de 10 mil pesos. Para evitar la condena, este jueves la letrada consiguió que le otorgaran la suspensión de juicio a prueba con el aval del representante del Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado, que intervino como querellante. A cambio deberá pagar una suma simbólica y deberá realizar trabajos comunitarios.
La abogada que fue imputada de fraude es Carla Verónica Díaz Fior, quien nunca fue detenida. “¡Está la prensa!”, dijo ofuscada la letrada al ver la presencia de un periodista en la audiencia oral y pública de este jueves, como exigiendo que lo sacaran de la sala antes de continuar. Mientras tanto ocultaba su rostro para que no la fotografiaran.
Díaz Fior llegó imputada por el presunto delito de defraudación en perjuicio de la administración Pública. La causa fue iniciada el 28 de julio pasado por el fiscal Adrián Riveros y la ayudante fiscal Cintya Segura -de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales- a raíz de las denuncias de los jueces Marianela López, Gustavo Almirón y Esteban de la Torre, los titulares del Primer, Segundo y Tercer Juzgado de Familia. En esos días descubrieron la maniobra irregular que había realizado la abogada Díaz Fior en ocho causas civiles que se tramitaban en esos juzgados.
La abogada, como todos los letrados, se encuentra habilitada y registrada para tramitar causas por el Sistema Online de Expedientes Electrónicos del Poder Judicial de San Juan. Es así que, en ocasiones, cuando mueven expedientes deben ingresar los códigos por los pagos obligatorios de esos aforos, destinados al Foro de Abogados de San Juan y al Poder Judicial por el servicio de justicia, explicó un funcionario. Un abogado que un sellado forense puede valer 1.000 pesos y una unidad tributaria 400.
Molesta. La abogada imputada por presunto fraude, pidiò que retiraran a un periodista de la sala para que no le sacaran foto.
La denuncia señala que detectaron que, entre los 23 y 24 de febrero pasado, la doctora Díaz Fior utilizó los mismos códigos de Sellado Forense y Unidades Tributarias en tres causas distintas en el Primer Juzgado de Familia, de acuerdo a la causa judicial.
En el Segundo Juzgado de Familia constataron que repitió dicha acción: el 30 de noviembre de 2020, en una causa de divorcio, y en otro expediente por un régimen de parentalidad, el 23 de febrero de 2021, consignaron las fuentes.
También reiteró la maniobra en otro proceso de divorcio en el Tercer Juzgado de Familia, el 30 de noviembre de 2020. Igual que en una causa por régimen de parentalidad, en fecha 23 de febrero, y en otro trámite por un divorcio en ese juzgado, el 24 de febrero, según fuentes del caso.
El objetivo en todos los casos era, supuestamente, ahorrar el pago por esos sellados. En total, algo de 10.000 pesos, explicó un funcionario. Llevó su tiempo recolectar los informes y finalmente el fiscal Riveros y la ayudante fiscal Cintya Segura formalizaron la imputación contra la abogada Díaz Fior.
La letrada no quiso continuar con el proceso sabiendo que corría el riesgo de recibir una condena por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. Así fue que junto a su abogado defensor optaron por proponer la suspensión de juicio a prueba a los fiscales y al representante de la querella, el abogado Claudio Herrera de la Fiscalía de Estado. Estos últimos dieron sus consentimientos y elevaron el acuerdo a la jueza Verónica Chicón, que hizo lugar al planteo y lo refrendó tal cual pidieron las partes.
En la tarde de este jueves, la jueza Chicón dictó sentencia. Primero, le concedió la probation a la abogada Carla Verónica Díaz Fior y fijó el plazo de 1 años para la suspensión de juicio a prueba. En un segundo punto le ordenó el pago de 10.000 pesos ante la Oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial para ponerlo a disposición del Estado Provincial. En tercer lugar, dispuso que realice tareas comunitarias no remuneradas por un total de 40 horas, durante 6 meses, en la municipalidad de Rivadavia. Y, por último, le decretó medidas de conductas que debe cumplir, como fijar residencia, someterse al cuidado de la Oficina de Medidas Alternativas y no cometer delitos.
