El estafador mendocino acusado de embaucar a 14 familias sanjuaninas ofreciendo casas del IPV y de alzarse con más de 1 millón de pesos, continuará preso en el penal de Chimbas. Llevaba varios meses presos desde que lo denunciaron en noviembre del 2020. Ahora el juez Eduardo Raed, con intervención en las causas de la Unidad Conclusiva, le dictó el auto de procesamiento con prisión preventiva, no solo por las estafas reiteradas, sino también porque ya contaba con condenas anteriores por el mismo delito.
Se trata de Francisco Mario Quatrochi, un mendocino de 64 años que vino de Maipú y que a principio de 2019 envolvió a la sanjuanina Betina Astudillo. La mujer fue su primera víctima, porque se fue a vivir con ella y sus hijos a un departamento que alquilaron en Chimbas, para después empezar con sus engaños. La causa que terminó de investigarse en la Unidad Conclusiva reveló que, usando a su mujer, hizo circular la versión de que tenía contactos en el Instituto Provincial de la Vivienda y que podía conseguir casas para vender.
En octubre de 2020, engañó a una portera -amiga de su mujer- a la que le sacó 71.500 pesos con ese verso, según la denuncia. Le dijo que él se encargaba de detectar casas del IPV, cuyos ocupantes no pagaban las cuotas y que iban a ser desalojados, según la denuncia. Así, le prometió que podía conseguirle una de esas viviendas, previo al pago de ese monto.
En otros casos se presentaba directamente como “inspector” o amigo de la infancia del director del IPV, a partir de lo cual daba la certeza de que gestionaría y entregaría esas casas. Otras que cayeron en la trampa de Quatrochi fueron dos mujeres de apellido Díaz, a una de las cuales le sacó 160.000 pesos y a la otra 40.000. A Luis Morán lo engañó de la misma manera y le cobró 73.000 pesos, según la causa. Igual que Marcela Leitón, que llegó a entregarle 73.000 pesos, y a un tal Sergio Salinas que le pagó 70.000.
Supuestamente también estafó a los familiares de su mujer. A Marcela y María Astudillo, sobrina y hermana de Betina, les pidió 50.000 y 85.000 pesos, respectivamente. A Simón González, un primo de Betina, logró sacarle 100.000 pesos. A dos personas de apellidos Zarate y Segovia, conocidos de Astudillo en Calingasta, los embaucó con 100.000 y 101.000 pesos, de acuerdo a la acusación.
En las listas de víctimas de Quatrochi figuran, además, tres familias de apellidos Desseff, Díaz y Alfaro, que perdieron 84.000, 23.000 y 60.000 pesos con el cuento de la promesa de una vivienda del IPV. Quatrochi fue denunciado por su propia mujer y por el hombre que le alquilaba el departamento de Chimbas, pero no hubo pruebas suficientes para comprobar esas supuestas maniobras.
El escándalo estalló en los primeros días de noviembre, cuando abandonó a su mujer y se descubrió que todo lo que ofrecía era mentira. La causa se inició en el Quinto Juzgado de Instrucción y a los días detuvieron a Quatrochi en un hotel. En el allanamiento encontraron fotocopias de documentación de los denunciantes. En la indagatoria, Francisco Quatrochi negó haber engañado a todas estas personas. Sí aseguró que algunos le pagaron para hacer “gestiones”. También reconoció que la plata que recibió la gastó para comer y vestirse.
El juez Eduardo Raed, que estudió la causa en la Unidad Conclusiva, entendió que las maniobras fraudulentas estaban acreditadas y que Quatrochi fingió tener contactos e influencia en el IPV para engañar a sus víctimas haciendo falsas promesas. Por eso le atribuyó el delito de estafas reiteradas. Y consideró que debía continuar detenido en razón a que ya tenía condenas anteriores por hechos similares. Fue así que lo procesó, le trabó un embargo de 5 millones de pesos y dispuso que continúe preso en el penal de Chimbas.
