La directora de la escuela de Albardón, protagonista del escándalo de los títulos truchos, fue sentenciada a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer la docencia. Durante las palabras finales, la mujer, que dio un discurso de más de cinco minutos, rompió en llanto, aseguró que no cometió el delito y dijo que se encomienda a la Difunta Correa. "Me llevo un aprendizaje, me llevo los días negros en los que estuve tirada en el piso de la comisaría, me llevo los días en el Penal de Chimbas", contó.
Patricia Fabiana Salvatierra es la docente que a mediados de mayo último fue detenida por una denuncia realizada el 23 de abril a raíz de la entrega irregular de títulos secundarios a cinco alumnos de la Escuela Presidente Néstor Kirchner de Campo Afuera. El escándalo comenzó en 2019 cuando detectaron estos problemas e iniciaron un sumario administrativo en el Ministerio de Educación, pero la directora siguió cumpliendo funciones en otra escuela hasta que la denunciaron penalmente.
En el juicio que comenzó la semana pasada, y que fue presidido por el juez Alberto Caballero, el fiscal Iván Grassi -de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales- acusó a Salvatierra de los delitos falsedad ideológica de instrumentos públicos, en concurso ideal con el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es así que solicitó al magistrado que castigue a la docente con 3 años de prisión efectiva y 6 años de inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos.
Hay que mencionar que en mayo pasado, por este mismo caso, el juez Diego Sanz condenó a la preceptora Natalia Arroyo a la pena de 3 años en suspenso –o sea que no fue presa- y 6 de inhabilitación para ocupar cargos públicos, por falsificación ideológica de instrumento público agravado. Esto es así porque se estableció que la preceptora estampó su firma en la documentación apócrifa y de esta forma colaboró con Salvatierra.
La directora estuvo detenida 60 días y luego consiguió la excarcelación. Por eso llegó al juicio en libertad. Se la acusó de haber hecho egresar a cinco jóvenes de forma ilegal a través de la adulteración de calificaciones, además de que estos estudiantes fueron inscriptos irregularmente y hasta les llenaron las planillas de asistencia. Llegó a decirse que entre los beneficiarios estaba su hijastro.
El abogado Martín Zuleta, su defensor, sostuvo siempre que la docente no cometió delito y solicitó la absolución. El letrado entendió que no se configuraron ninguna maniobra ilegal y que no se acreditó que haya hecho insertar información o datos falsos. También afirmó que si querían descubrir la verdad, tendrían que haber citado a otras personas, incluso del Ministerio de Educación, que debían controlar esa documentación.
Los fundamentos de la condena se conocerán el próximo 29 de este mes, al mediodía. El abogado Zuleta adelantó que esperan conocerse el contenido del fallo para apelar la sentencia. Es decir que recurrirán a una instancia superior.
