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Fallo judicial

Liberan a dos de los imputados por el caso de la chica que era prostituida por la madre

Son el supuesto excombatiente de Malvinas y el policía retirado, detenidos desde los primeros días de septiembre. Un juez del Tribunal de Impugnación revocó la prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan

En un fallo que puede sentar precedentes, un juez del Tribunal de Impugnación dio marcha atrás con un fallo de primera instancia y liberó a dos presuntos abusadores sexuales. El magistrado revocó la prisión preventiva que pesaba contra el supuesto excombatiente de Malvinas y el policía retirado, detenidos desde principio de septiembre, en la causa por la joven que era prostituía por su madre. Hay otros dos implicados, la mamá de la víctima y otro hombre, que no corrieron la misma suerte y este viernes fueron enviados al penal de Chimbas.

Los liberados son el cuestionado excombatiente Roberto Néstor Arroyo y el suboficial retirado de la Policía Pedro Bautista Agüero. A pedido de sus respectivos defensores, los abogados Fernando Bonomo y Maximiliano Páez Delgado, este viernes el juez Juan Carlos Caballero Vidal resolvió liberarlos previo al pago de una caución real de 100 mil pesos.

Ambos están imputados de abuso sexual con acceso carnal agravado, corrupción de menores, y promoción de la prostitución infantil, conjugados por las reglas del concurso real, en calidad de autores. El mismo delito le atribuyen al tercer hombre detenido, otro supuesto excombatiente Juan Carlos Chaparro. Este y Arroyo fueron denunciados porque supuestamente no participaron de en la Guerra de Malvinas.

 La cuarta sospechosa es la madre de la víctima, imputada de abuso sexual con acceso carnal agravado, en calidad de partícipe necesario; corrupción de menores agravada y explotación de la prostitución infantil en calidad de autor, todos en concurso real. Estos dos últimos continuaran presos.

Esto empezó los primeros días de septiembre cuando la víctima denunció esos abusos en la Unidad Fiscal de Investigaciones del CAVIG. Relató que su madre la prostituyó desde que ella tenía 5 años hasta que cumplió los 21 y en ese tiempo la entregó a numerosos hombres a cambio de dinero. Todo esto ocurría en su casa en una villa de Capital. Apuntó contra Juan Carlos Chaparro, la supuesta pareja de su mamá, pero también a Roberto Arroyo y Pedro Agüero, como los hombres que la sometían. Hasta se cree que el hijo que ella tiene es producto de los ultrajes de alguno de estos sujetos.

Los detuvieron el 5 de septiembre y el fiscal del CAVIG formalizó la imputación contra todos ellos el día 8. La jueza de garantías Verónica Chicón fijo el plazo de 1 año para la investigación penal preparatoria y 6 meses de prisión preventiva para los cuatro imputados En ese momento, los abogados Fernando Bonomo, por el lado de Arroyo, y María Filomena Noriega por los otros tres, se opusieron a las mediadas cautelares y apelaron el fallo de primera instancia.

Fue así que la apelación pasó al juez Caballero Vidal del Tribunal de Impugnación. Bonomo continuó con el planteo, no así la abogada Noriega que no se presentó. Su lugar fue ocupado por el abogado Maximiliano Páez Delgado, que también pidió la revisión de la detención de Agüero. La audiencia se realizó este viernes, con la intervención de la fiscal Silvina Gerarduzzi.

Bonomo solicitó al juez Caballero Vidal que revoque la medida de detención. Argumentó, al igual que Páez Delgado, que, si bien en caso de condena la pena era de cumplimiento efectivo, se debía valorar las garantías del debido proceso de los imputados. Así, expusieron que ninguno de los dos posee antecedentes penales, tienen arraigo en la provincia y no hay peligro de fuga ni riesgo de que entorpezcan con la investigación. Agregaron que siempre colaboraron y se pusieron a disposición de la Justicia. Y, por tanto, correspondía que se los beneficiara con la libertad mientras avance el proceso.

En un fallo que sienta precedente, el juez del Tribunal de Impugnación hizo lugar al pedido y revocó la prisión preventiva para Arroyo y Agüero, por lo que ordenó que los liberaran. Para ello fijó que ambos paguen una caución real de 100 mil pesos, a la vez que les impuso medidas restrictivas como no acercarse a la víctima o a su familia o mantener cualquier otro contacto.

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