Historias del crimen

Un jubilado asesinado, el único acusado absuelto y un caso que sigue impune

En mayo de 2012 encontraron asesinado al jubilado Antonio Tapia en su casa, en una finca de Pocito. Un joven vecino fue señalado como el presunto homicida y aunque fue llevado a juicio, no lo pudieron condenar por falta de pruebas.
domingo, 24 de enero de 2021 · 09:09

Una bolsa con herramientas encontradas en un descampado y las huellas de unas zapatillas. Para muchos, las pruebas fundamentales y claves para demostrar la autoría. Para otros, las pruebas mismas de los flacos y dudosos fundamentos de una investigación que no alcanzaban para sostener una acusación por demás grave.  La del crimen de Antonio Abel Tapia, ese jubilado asesinado de un mazazo dentro de su casa de Pocito, en 2017. Un caso policial que en su momento parecía esclarecido y que tuvo un resultado inesperado en el juicio.

Un hecho intrigante que aún deja muchas aristas por develar, pero que todavía falta resolver. Una historia que comenzó en abril de ese año con un robo en la casa del jubilado Antonio Tapia y que sería el principio del final para ese jubilado pocitano de 66 años.

Mal presagio

Ese primer robo dejó preocupado al viejo tractorista, que un año atrás se había jubilado como obrero rural en esa finca situada en el callejón Alamino, entre las calles 14 y 15, Pocito. Es que entraron cuando no estaba en su casa y se llevaron un revólver de su propiedad, herramientas y otras cosas. Y temía que los ladrones pudieran volver. Sus años le pesaban, además era insulino dependiente y venia de tres ataques cerebro vasculares. Desde que enviudó vivía solo y, aunque sus tres hijos solían visitarlo, sabía que estaba expuesto en esa zona rural.

Se le puso en la mente que buscaban el dinero que ahorraba y que no encontraron. Eso explica de por qué, después del robo, optó por llevar una bolsa con 128 mil pesos a su hija para que se los guardara. No quería arriesgarse. Incluso, para protegerse, conectó un cable de corriente al pasador de la puerta de la vivienda para tener algo de seguridad. Cada vez que salía o se iba a dormir por las noches, enchufaba ese cable.

Igual no estaba tranquilo. Entre fines de abril y principio de mayo decidió preparar su mudanza. Para ello acordó con una hermana y un sobrino suyo levantar una pieza en el fondo de la casa paterna, también en Pocito, y dejar la finca adonde había vivido en los últimos años. Pero no llegó a concretar esa idea. Lo que tanto miedo le daba, sucedió la madrugada del 5 de mayo de 2017.

Noche fatídica

Alguien se metió a la propiedad mientras dormía. Sigilosamente cortó el suministro de energía, arrancó el cable electrificado de la puerta y entró a la casa. No tuvo tiempo ni de levantarse de la cama. A traición, le dieron un certero y duro golpe en la cabeza. Posiblemente con una masa, que provocó su muerte casi en el acto.

Allí quedó su cuerpo, tendido boca arriba con una herida mortal en el parietal izquierdo. El o los ladrones luego revisaron toda la casa. Sustrajeron el dinero de su billetera, su celular Alcatel, la batería de su moto Maverick 100cc y alguna que otra cosa.
Como a las 11.10 de ese viernes de mayo de 2017, su hijo llegó como de costumbre para visitarlo. Notó que la puerta estaba abierta y en el interior todo era desorden. Antonio Abel Tapia ya estaba muerto hacía horas.

Las sospechas

Las preguntas eran quiénes podían ser. Los investigadores de la Brigada Sur, Homicidios y la Seccional 7ma apuntaron en distintas direcciones. Partían de la teoría que él o los ladrones serían de la zona, que quizás conocía al jubilado y sabían que estaba solo. No encontraron el arma homicida y la única pista que hallaron era la huella de una zapatilla que quedó marcada en el piso de tierra.

El último que estuvo con Tapia fue su sobrino Miguel Díaz, que relató que compartió una charla con el jubilado entre las 19.30 y minutos antes de las 20.30 del jueves 4 de mayo. Ese hombre contó que lo encontró en la calle y lo acompañó hasta su casa porque tenían que hablar sobre la compra de materiales para construir la pieza. Un vecino declaró que vio cuando ese sobrino se retiraba de la finca en su auto Volkswagen Bora.

Por supuesto que los investigadores miraron de reojo al sobrino, pero no existían indicios para sospechar de él. Lo mismo hicieron con un yerno del jubilado, del cual se enteraron que mantenía una mala relación y no se podían ver. Pero tampoco tenían nada en su contra.

El vecino

En los días siguientes, los investigadores centraron la pesquisa sobre los vecinos de la zona. La mañana del 12 de mayo, una comisión policial allanó la casa de la familia Alé en el barrio Facundo Menem, en Pocito, buscado herramientas sustraídas de un taller. Juan Pablo, uno de los hijos del matrimonio dueño de la propiedad, supuestamente cargaba fama de reducidor de objetos robados. Mientras requisaban el domicilio, encontraron un par de zapatillas Reebok. Los policías la observaron detenidamente y alguien dijo que la planta tenía el mismo dibujo de la huella del calzado que descubrieron dentro de la casa del jubilado Tapia. Según las versiones policiales, en ese momento Juan Pablo Alé exclamó rápido “esas zapatillas me las he comprado ayer” y segundos después, sin que nadie hiciera referencia sobre el crimen de Tapia, comentó: “qué loco lo del hombre este”.

Los investigadores se miraron entre sí y dijeron por dentro “esta es la persona que buscamos”. De inmediato detuvieron a Juan Pablo Alé, de 27 años, y lo trasladaron a la Brigada Sur. De sospechoso por el robo en un taller, pasó a convertirse en el principal imputado por asalto y asesinato del jubilado Antonio Tapia. La prueba que lo vinculaba era ese par de zapatillas.

Faltaba algo más. Al otro día, Alfredo Alé -el padre del joven detenido- supuestamente fue a visitarlo a la sede de la Brigada Sur. Según la Policía, en ese encuentro entre Juan Pablo y su papá, en presencia de un oficial, el muchacho le confesó que tenía escondida una bolsa con las herramientas que buscaban en un descampado cercano a calle Aberastain, casi 16. Esa mañana, los investigadores en compañía de Alé padre se trasladaron hasta ese lugar y encontraron la bolsa con herramientas, supuestamente pertenecientes al jubilado asesinado.

Imagen: Diario de Cuyo

¿Caso cerrado?

Con esto último, los policías creyeron tener cercado a Juan Pablo Alé. Se convencieron que el joven era el homicida de Tapia. Tenía su domicilio a 1 km de la casa del abuelo, de seguro lo conocía y probablemente sabía que podía poseer dinero o algunos efectos para reducir, de acuerdo a las presunciones. El juez de la causa y la cúpula policial también se persuadieron que era así y tomaron esa línea investigativa como la única hasta darla por sentada como cierta. 

Muy por el contrario, durante la indagatoria, el acusado negó haber dicho que sabía dónde estaban esas herramientas y menos que se lo hubiese confesado a su padre. Alfredo Alé –el padre- respaldo esas palabras. El hombre aseguró que jamás estuvo en la Brigada Sur el día que señalan los policías. Es más, juró que recién vio a su hijo cuando éste ya estaba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial y entonces era imposible que le haya comentado algo así. Además, sostuvo que estuvo en ese descampado cuando la Policía secuestró la bolsa con herramientas, pero aclaró que fue al lugar porque los investigadores lo buscaron en su casa y le pidieron que los acompañara.

Esto no frenó la investigación, que avanzó teniendo como único acusado a Alé. Meses después, el juez Martín Heredia Zaldo del Cuarto Juzgado de Instrucción procesó al changarín por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con criminis causa, es decir matar para ocultar el robo. Para la instrucción, las herramientas encontradas y las pericias que certificaban en un 90 por ciento que esas zapatillas se correspondían con las huellas encontradas en la escena del crimen, eran pruebas más que suficiente de la autoría de Alé en el robo y asesinato.

El revés judicial

La historia cambió a la hora del juicio en la Sala II de la Cámara en lo Penal y Correccional, en octubre de 2018. No hubo testimonios que apuntaron directamente a Alé, sólo el de los policías que aseguraron que el joven se auto incriminó señalando dónde estaban las herramientas. 

La fiscal de cámara Leticia Ferrón de Rago, que escuchó atentamente las declaraciones y valoró las pruebas, sorprendió al tribunal y a los presentes. Al momento de los alegatos, con la firmeza de la voz de la experiencia sostuvo que las pruebas en que se basó la acusación carecían de sustento y eran endebles. Más todavía, a partir de la declaración del padre de Alé que desmintió los dichos de los policías y la pericia sobre el calzado, que no era del toda certera. El perito habló de un 90 por ciento de probabilidad, o sea, no daba la seguridad de que esas huellas correspondieran a las zapatillas de Alé. Con esos argumentos, entendió que no podía formular acusación alguna contra el joven pocitano y solicitó que lo absolvieran, al menos, por el beneficio de la duda. El defensor, el abogado Manuel Giménez Puchol, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal.

Sin acusación, no se podía condenar a nadie. Fue así que el 2 de noviembre de 2018, el juez Ernesto Kerman junto a otros dos camaristas resolvieron declarar la absolución por el beneficio de la duda de Juan Pablo Alé y dispusieron su inmediata libertad. En el mismo fallo ordenaron remitir el expediente al juzgado de instrucción para que continué con la investigación. Hasta la fecha, no se avanzó demasiado sobre el caso y el crimen del jubilado Antonio Abel Tapia continúa impune.

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