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SUSCRIBITE Tras el femicidio de Calingasta, en el que una joven de 17 años fue brutalmente asesinada por su ex pareja, la jueza de Paz que sabía de la situación de violencia de género que padecía Pamela Rodríguez -pues tomó intervención en el caso- explicó de forma oficial cuáles fueron las medidas que dispuso y dejó en claro que no sólo fueron violadas por Ángelo Castillo sino también por la víctima.
Luego de guardar silencio los últimos días desde el fatal desenlace ocurrido en la madrugada del domingo, a través de un comunicado del Poder Judicial, la magistrado Roxana Espín indicó que hubo prohibiciones de acercamientos pero ninguna de las partes las respetó porque en el medio concibieron a una criatura, dado el reporte de fechas ofrecido.
En detalle, aseguró que las primeras medidas preventivas que determinó fueron en octubre de 2018, cuando Pamela denunció a Castillo en la Seccional 16º. Como era menor de edad, en esa oportunidad, su madre firmó el formulario de protección, según señalaron en el comunicado oficial.
Acorde a lo expuesto, exactamente una semana después de esa denuncia, Espín resolvió prohibir el acercamiento de Castillo a Pamela y la comunicación con ella, lo obligó a abstenerse de toda conducta que implicara una agresión o molestia mediante llamadas telefónicas, redes sociales o cualquier otro tipo de comunicación y ordenó que ambos fueran sometidos a un abordaje terapéutico, con profesional en psicología.
Sin embargo, la jueza manifestó que en noviembre de 2019, es decir un año después de la acusación radicada en la sede policial -la que por razones que se desconocen no tuvo curso en el fuero penal como tiene que suceder en este tipo de casos-, la justicia supo que Pamela había quedado embarazada de Castillo y, a pesar de ello, acordó mantener las medidas dictadas salvo el contacto entre los involucrados en cuestiones referidas al hijo en común que tenían. Además, fijó una cuota alimentaria para el padre.
Pese a la intervención de la justicia, el 23 de febrero de 2020 -tres meses más tarde-, la orden judicial escrita en un papel no pudo frenar el feroz ataque que acabó con la vida de Pamela.
Este femicidio se da en un escenario en el que a pesar de los antecedentes y los registros que la justicia tuvo de la situación, que advirtieron la violencia, la acción del Estado en estas circunstancias no fue suficiente y no pudo evitar que San Juan tenga a su primera víctima fatal de violencia de género del año, la segunda en menos de dos meses.