Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE Carlos Fernández, el español que cayó en San Juan en noviembre de 2017 después de ser el prófugo más buscado por casos de corrupción desde hacía 11 años en Marbella, España, y que reside en San Juan, donde se casó con una sanjuanina y tuvo dos hijos, está cada vez más cerca de ser extraditado debido a sus conflictos legales.
Es que luego de que el juez federal Leopoldo Rago Gallo concediera el pedido de la Dirección Nacional de Migraciones de que Fernández sea deportado a España, la Cámara Federal de Mendoza, donde el español apeló el fallo, confirmó la decisión de expulsar del país al coach, según publicó Diario de Cuyo.
La medida no está firme dado que el ex concejal podrá pedirle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revea el fallo y es lo que se propone a hacer, según dijo el español en el citado medio. No obstante, también destacó que está esperando otra resolución judicial favorable para irse de Argentina por su cuenta.
Fernández, tras una denuncia anónima, fue detenido por la Policía Federal en su casa en San Juan en septiembre de 2017, cuando ya tenía 11 años de permanencia en el país. Ese mismo año, Rago Gallo decidió extraditarlo, a pedido de la justicia española para que rinda cuenta en su país por presuntos ilícitos. En febrero de este año, prescribió la última de ellas y hay un pedido de extinción de la acción que se tramita en la Corte Suprema. La causa por la que Rago Gallo dictó la extradición es la llamada Saqueo II por malversación de caudales públicos contra la comuna de Marbella, que es la que habría prescripto en febrero último.
Al momento de ser detenido, Fernández tenía una condena de dos años y medio de cárcel por malversar dinero del club de fútbol San Pedro Alcántara. Por otro lado, en el llamado caso Malaya, estaba acusado por la fiscalía de prevaricación administrativa, malversación y cohecho pasivo por presuntamente recibir 150.000 euros de Juan Antonio Roca, jefe de la trama corrupta. Por estos delitos se enfrentaba a entre 8 y 10 años de prisión, entre otras denuncias contra él que se tramitaban en otros juzgados de Marbella.
En simultáneo con la tramitación de la extradición judicial, Migraciones ya había declarado irregular la permanencia de Fernández en el país, basada en la ley de Migraciones 25.871, entendiendo que el ex concejal tenía antecedentes en su país y había entrado a Argentina con una visa por 90 días como turista pero se quedó por más de 10 años.