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fue absuelta

Como en San Juan, una mendocina que mató a su marido zafó de un duro castigo: ¿y Moya?

Como ocurrió con la sanjuanina Guadalupe Andrada, los atenuantes fueron claves y favorecieron a la imputada por la Justicia de Mendoza, aunque esta vez quedó en libertad.

Por Redacción Tiempo de San Juan

La Justicia de Mendoza absolvió a una mujer acusada de matar a su marido en defensa propia y, con los atenuantes que pesaron al igual que sucedió en San Juan con Guadalupe Andrada, quien mató a Juan Pablo Ojeda, el juez la dejó en libertad. El caso que tuvo lugar en la justicia sanjuanina resultó un batacazo por la resolución que, si bien no quedó libre de culpa, recibió menos años de lo que se esperaba y -si el fallo queda firme- en dos meses estaría de vuelta en las calles. 

Luego de que los doce miembros del jurado mendocino no llegaran a un veredicto unánime, Claudia Cortez -que admitió el crimen- quedó en libertad porque, por el magistrado, fue considerada una víctima de violencia de género que actuó en legítima defensa. 

"Yo sé que lo maté, no lo niego pero me defendí. Estoy muy arrepentida", sostuvo la mujer diagnosticada con cáncer de mama.

Para aquella oportunidad, tanto la fiscalía -representada por Eduardo Mallea y Claudia Salica- como la querella -personificada con Javier Padilla- habían solicitado la pena de prisión perpetua pues sostenían que el crimen fue premeditado, calificando el delito como un homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, los jueces dieron lugar a los atenuantes y redujeron la pena a 15 años, pero según Reiloba, el hecho de que Moya fuera víctima de violencia de género no entró en las consideración, por lo que casó la sentencia y pidió la absolución de su defendida. 

Con una línea similar, hace unas semanas atrás, una sanjuanina zafó de recibir una dura pena por asesinar a su esposo después de que el Tribunal integrado por Juan Carlos Caballero Vidal (hijo), Silvia Peña Sanso de Ruiz y Raúl Iglesias, de la Sala I de la Cámara Penal, condenara a 5 años de prisión a Andrada a pesar de que la Fiscalía había solicitado 20 años y la querella había pedido la reclusión perpetua. El motivo, una vez más, fue la violencia de género que sufría. 

"Yo vine al juicio por mí y por tantas mujeres que hoy están muertas por no defenderse", lanzó la mujer durante su juicio. 

El crimen que ocurrió en Chimbas y que todavía tiene a Andrada tras las rejas levantó polvareda en Tribunales tras conocerse la sentencia, fue menor a la que se esperaba, más aún cuando existía un antecedente de un homicidio de características parecidas y que tenía a Claudia Moya sentada en el banquillo de los acusados, por matar al padre de su marido, Alfredo Turcumán. 

Tras el fallo, que fue apelado por la querella y los representantes del Ministerio Público, la Corte -como tribunal superior que es- deberá resolver si lo respalda o da lugar al pedido de quienes interpusieron el recurso de casación. 

En esa misma instancia se encuentra la condena de Moya, cuya pena está siendo revisada por la Corte y podría quedar sin efecto, si así lo definen. De esta manera, sería absuelta por el homicidio cometido en legítima defensa, argumento que planteó su defensa representada por Carlos Reiloba. No obstante, se trata de especulaciones cuyo caso recién tendrá resolución en al menos un año, indicaron fuentes judiciales.  

Es que en agosto de 2018, el Tribunal de la Sala III compuesto por Ernesto Kerman, Eugenio Barbera y Maximiliano Blejman sentenció a la homicida de Turcumán a 15 años y su abogado apeló el fallo y, en su recurso elevado a la instancia superior, solicitó que se aplique la perspectiva de género.

"Durante el juicio, se demostró que cuando estaba embarazada era golpeada por Turcumán y, por ello, el ataque con el cuchillo se originó en una de esas peleas", agregó el letrado.

En aquella oportunidad, tanto la Fiscalía como la querella pidieron la pena de prisión perpetua, pues sostenían que el crimen fue premeditado, calificando el delito como un homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, los jueces dieron lugar a los atenuantes y redujeron la pena a 15 años, pero según Reiloba, el hecho de que Moya fuera víctima de violencia de género no entró en las consideración, por lo que casó la sentencia y pidió la absolución de su defendida. 

 

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