Un niño de 12 años, una vieja heladera en desuso y un gran enigma entorno a esos cinco días de angustia y horror que rodearon la desaparición y el asesinato de ese chico llamado Ariel Facundo Tapia, en diciembre de 2012. Un caso que tuvo de todo.
Desidia policial, silencios cómplices, una escena del crimen contaminada, una familia desesperada y también bajo sospecha, en el medio un clarividente y un juez que no le encuentra la vuelta a la investigación que llevaba ya 6 años con los mismos interrogantes.
El próximo 3 de diciembre Ariel Tapia cumpliría los 19 años, pero en su casa de Villa Angelita en Santa Lucía no habrá festejo ni nada para brindar. Será un día triste como el 1 de diciembre, el día que desapareció. Coincidentemente este año cae sábado, igual que aquella vez, cuando empezó hilarse esta historia convertida en necrológica sobre este chico que salió alrededor de las 20.30 diciendo que iba a jugar y se perdió.
Su hermano mayor estaba en casa, pero no imaginó que la ausencia del niño se prolongaría por siempre. Alejandra Silva, la mamá, en esos momentos se encontraba disfrutando de un espectáculo cuartetero en la cancha de San Martín y cerca de la medianoche recibió el llamado a través del cual le avisaban alarmados que Ariel no aparecía. La mujer ya tenía una mala experiencia. En el 2009 perdió a su esposo, el papá de Ariel, en un accidente laboral.
Esa noche ella regresó y empezaron a buscarlo. En la madrugada del domingo fue a poner la denuncia en la Seccional 29na de Santa Lucía, pero los policías no se la tomaron. En realidad, creían que era una travesura más de un niño y minimizaron el hecho, como otros. Alejandra Silva al tiempo contó la amarga experiencia que vivió en ese entonces con el ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, que por esos días largó la desafortunada frase de que Ariel quizás andaba con una “noviecita”.
El lunes a partir de la divulgación del caso en los medios, la Policía comenzó a preocuparse e inició la búsqueda, mientras que la familia y sus amigos pegaban improvisados carteles en las calles de Santa Lucía con el rostro del chico y el pedido de colaboración para localizarlo.
Desidia policial
Las averiguaciones entre los vecinos no arrojaban datos relevantes y los rastrillajes de la Policía se extendían. Supuestamente no habían dejado lugar sin revisar, pero como se vio posteriormente el operativo y la pesquisa policial resultaron lamentables. Porque mientras algunos se hacían los detectives especulando las más diversas hipótesis y otros, como el jefe de la fuerza el comisario general José Luna, trataban de magnificar el despliegue de los uniformados, parte de la verdad estaba ahí cerquita: a no más de 60 metros del domicilio del pequeño y ellos no la vieron.
Lo descubrieron recién la tarde del jueves 6 de diciembre, momento en que se les ocurrió revisar una antigua heladera tirada en el baldío del predio de un taller metalúrgico, justo a los fondos de la vivienda de los Tapia. Cuando abrieron la puerta de ese viejo aparato, se destapó el horror. Ariel estaba ahí adentro, muerto. Acurrucado en posición fetal y en estado de descomposición por los días transcurridos, con el torso desnudo, su short y sus zapatillas.
Para justificarse, la burda explicación que dieron en la Policía fue que no revisaron antes ese terreno porque era propiedad privada. Las dudas sobre el accionar de la fuerza persistirán por siempre. Porque para afuera, aseguraron que llegaron hasta ese lugar atraídos por el olor nauseabundo. Por otro lado, los policías de la Seccional 29na declararon en el juzgado que, en realidad, consultaron a un clarividente ciego que, con la ayuda de su esposa, los guió hacia ese sitio, según fuentes del caso. Hasta hoy, el juez Alberto Benito Ortiz prefiere no hablar sobre ese punto porque le resulta increíble la versión policial.
Así, todo vino mal barajado desde un principio. Tan torpe fue el trabajo de los primeros policías que arribaron al lugar, que hasta contaminaron toda la escena del crimen y permitieron que más de un curioso se acercara, en vez de vallar todo para preservar posible pruebas y rastros.
La conmoción por el trágico desenlace despertó la indignación de la gente, que descargó su furia apedreando la comisaría 29na. Faltó poco para que no se levantara una pueblada, pero igual hubo corridas y disparos intimidatorios para frenar la revuelta. Todo era tan confuso y se decían muchas cosas. Lo cierto es que, en base a la investigación policial, el juez del Primer Juzgado de Instrucción ordenó detener a Alejandra Silva, a su novio Franco Sifuentes y a su hijo mayor, Ezequiel, bajo la sospecha de que la propia familia tenía algo que ver con la muerte del niño. También apresaron a un vecino, Jorge Gordillo.
Hay investigadores que todavía sostienen la teoría de que hay familiares involucrados en el crimen, pero en aquel momento el juez no encontró pruebas para abonar esa hipótesis. A las veinticuatro horas liberó a la mamá de Ariel y a su hermano. El sábado salió en libertad la pareja de Silva. A los días sucedió lo mismo con el vecino.
El derrotero de la causa fue de mal en peor. El primer informe forense reveló que el chico no había sido abusado y que no tenía otra herida más que un golpe en el mentón. Como el cadáver estaba irreconocible, procuraron identificarlo a través de pruebas genéticas pero chocaron con que el Poder Judicial no tenían los equipos –el que existía en el hospital público estaba averiado-. Además necesitaban hacer otro análisis para confirmar las causas de muerte y encontrar posibles rastros en el cadáver. Entonces tuvieron que improvisar un viaje a Salta para llevar las muestras al Laboratorio Regional Forense del NOA. De todo eso, lo único concreto fue que se confirmó que el niño fue golpeado y murió asfixiado dentro de la heladera. Por lo demás, no se pudo hallar rastros o huellas genéticas concretas de otra persona.
La hipótesis a la que arribaron los investigadores y el juez es que Ariel fue atacado por alguien que lo desmayó con ese golpe en el mentón y, creyendo que estaba sin vida, lo metieron en esa vieja heladera para ocultar el crimen. Las juntas de gomas de la puerta sellaron herméticamente el aparato, fue así que finalmente el chico se quedó sin aire y murió.
El cadáver de Ariel Tapia fue entregado a su familia el 22 de enero de 2013 y al día siguiente fue sepultado acompañado por su círculo íntimo y los vecinos. La desazón por el misterioso crimen ya era evidente y el descreimiento en la Policía y la Justicia tomaban fuerza.
La nada misma
En teoría, la causa de muerte está esclarecida pero falta lo principal: quién o quiénes lo mataron. Porque si bien los investigadores continuaron las pesquisas, revisaron una y otra vez las líneas que se trabajaron y abrieron nuevas hipótesis, como una posible venganza contra la familia, nada concreto surgió. El Gobierno provincial publicó el ofrecimiento de una recompensa de 300.000 pesos para aquel que aportar datos concretos para resolver el crimen, como una forma de ayudar en la investigación, pero tampoco surtió efecto.
En enero de 2014, apareció un supuesto testigo que involucró a dos vecinos, un adolescente y un joven con antecedentes penales identificado como Lucas Leguiza. La versión que dio esa persona es que, estando un boliche, escuchó a Leguiza autoincriminarse en el asesinato. A partir de esa declaración testimonial, ordenaron la detención del sospechoso, pero al cabo de cinco meses tuvieron que liberarlo porque se constató que el relato no tenía asidero.
Como al inicio, la investigación volvió en cierta forma a foja cero y así está hasta ahora. Para el juez Ortiz, la resolución del caso es una deuda pendiente. Para Alejandra Silva, el crimen de su hijo es todavía una herida abierta, más allá de la decepción y la bronca por el accionar policial y su duro cuestionamiento contra el magistrado.
La desaparición y asesinato de Ariel Tapia también sacudió a la Policía, que aprendió de sus errores y la inoperancia de su personal. En septiembre de 2015, creó la sección Búsqueda y Rescate de Personas justamente para actuar de manera urgente y efectiva en todos los casos de desapariciones en la provincia.
