No quedó detenida porque el delito es
excarcelable y porque tiene más de 70 años. Y en la mañana del martes se
presentó en el Quinto Juzgado de Instrucción, 24 horas después de que le habían
allanado su casa particular en Trinidad y su estudio jurídico en el
microcentro. Pero la sorpresa no fue esa, sino cuando en Tribunales se
enteraron al comenzar el día que la profesional de las leyes rompió las fajas
de clausura de la Justicia, según confirmaron fuentes de la investigación.
Según fuentes judiciales, ahora deberá
enfrentar otro delito penal por desobediencia judicial.
Pero lo más grave no es eso: la abogada
Dora Zulma Monasterio de Cirrelli habría sacado parte de esa documentación que
el juez Benedicto Correa buscaba y que halló en el estudio jurídico ubicado en
avenida Ignacio de la Rosa al 160 Este, Capital.
La Justicia busca los 3.000 expedientes con
ejecuciones que estaban a cargo de la abogada Monasterio. Este martes en la
mañana lograron secuestrar unos 1.000 de su estudio jurídico y llevarlos a
Fiscalía de Estado. Y por ahora no se sabe dónde está el resto de las causas o
si estaban en ese estudio jurídico y la abogada las sacó ilegalmente. Eso es
materia de investigación.
La causa se originó por una denuncia penal
que Fiscalía de Estado hizo en la Fiscalía de Instrucción N°1 en enero último.
Fue cuando agotó todas las vías para recuperar 3.000 expedientes de ejecución
que tramitaba la abogada Monasterio defendiendo el Estado Provincial hasta que
se jubiló, hace un par de años.
Cuando los abogados a los que les asignaron
esas causas fueron a los juzgados, se dieron cuenta que los expedientes no
estaban. Intimaron hasta con carta notarial a la abogada a que los devolviera
en Fiscalía de Estado o en los juzgados y no lo hizo. Por eso hicieron la
denuncia penal.
"Tras lo ocurrido esta mañana –por el
martes-, he ordenado a un equipo especial de abogados hacer una auditoría con
los expedientes secuestrados en el estudio jurídico. Vamos a determinar qué
cantidad de causas son, que ejecuciones son las que prescribieron porque no los
tramitó y por qué monto son”, informó Gastón Orzanco, subrogante en la Fiscalía
de Estado.
Además, Orzanco agregó que "no descartamos
ampliar la denuncia penal inicial. Vamos a ver si hubo perjuicio fiscal para el
Estado provincial por parte de la abogada al no querer devolver esos
expedientes”.
