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SUSCRIBITE Por orden del juez Benedicto Correa, del Quinto Juzgado de Instrucción, el estudio jurídico de una abogada ubicado en un edificio del micro centro fue clausurado el lunes en la mañana: allí tenía los 3.000 expedientes de ejecuciones que pertenecen a Fiscalía de Estado y que se negaba a devolver desde hace un año.
Gastón Orzanco, el fiscal de Estado subrogante por la asunción de Guillermo De Sanctis en la Corte de Justicia, fue quien hizo la denuncia en enero último en la Fiscalía de Instrucción N° 1, donde se entendió que la profesional de las leyes y ex abogada del Estado de San Juan habría incurrido en una modalidad del delito de estafa.
"El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver”, dice el Código Penal Argentino, el cual prevé una pena de 1 mes a 6 años de prisión.
La abogada en cuestión fue identificada por fuentes judiciales como Dora Zulma Monasterio de Cirelli. En su estudio jurídico ubicado en el primer piso de la avenida Ignacio de la Roza 160 Este, Capital, tenía esos expedientes que Fiscalía de Estado no podía recuperar.
Según fuentes de la investigación, la abogada hacía trabajos para la oficina estatal que debe defender los intereses del Estado Provincial. Se jubiló y debió haber devuelto los expedientes que ella tramitaba. Esa devolución la pudo haber hecho ante la Fiscalía de Estado o ante los juzgados en los que se llevaba cada causa.
Fiscalía de Estado intentó recuperar los expedientes intimando a la abogada, pero no tuvo respuestas. En esa institución explicaron que la abogada no tenía motivos legales para no devolver los 3.000 expedientes, debido a que si lo hizo para garantizarse el cobro de sus honorarios, los tenía garantizado porque los registros legales así lo indican.
El lunes en la mañana la Justicia llegó hasta la casa particular de la abogada, ubicada en la zona de Trinidad. Allí no estaban los expedientes.
Luego allanó el estudio jurídico. Y ahí sí estaban. Como no había nadie que los atendiera, decidieron entrar por la fuerza con el uso de un cerrajero.
Al encontrar la gran mayoría de los expedientes que Fiscalía de Estado viene buscando, el juez Correa decidió clausurar el estudio jurídico para garantizar que no se pierdan.
También dispuso que, con la presencia de la fiscal, de la abogada en cuestión y del personal del juzgado y de la Fiscalía de Estado, se realice el secuestro de la documentación pública.
Hasta el lunes en la noche, la abogada no se había presentado ante el Quinto Juzgado de Instrucción para ponerse a disposición de la Justicia.
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