Ana Belén Billia y Rodolfo Nahuel Castro fueron detenidos
hace 8 años en un operativo de tránsito sobre la avenida Libertado San Martín.
¿Motivo?: le encontraron un arma de fuego sin registro. Fueron demorados en la
Seccional Cuarta y, en medio de ese operativo, les robaron los 15.000 pesos que
la mujer llevaba en una billetera. Desde entonces, los cuatro uniformados que
participaron en ese operativo fueron separados y aún esperan ser juzgados.
La causa llegó a juicio a la Sala Tercera de la Cámara
Penal. Y tiene dos patas: el delito de peculado contra los cuatro expolicías y
el delito de portación de arma de fuego de uso civil sin autorización contra
los dos civiles.
En ese marco, los dos civiles pidieron no ser juzgados. A
cambio pidieron la suspensión del juicio a prueba, un sistema legal que permite
a las personas sin antecedentes que hagan tareas comunitarias a cambio de
hacerse cargo del hecho delictivo. El beneficio para la Justicia es que
resuelve el caso. Y para los imputados, que no le quedan antecedentes penales.
Las tareas comunitarias que ofrecieron Billia y Castro
consisten en ayudar los días sábados a las personas que se dializan en la
Clínica de la Ciudad.
Ahora el tribunal (Maximiliano Blejman –presidente-, Eugenio
Barbera y Graciela del Pie) decidirá si acepta o no la propuesta. También
pueden modificar el régimen de las tareas comunitarias impuestas.
Una vez resuelto ese punto, el tribunal deberá fijar una
fecha de audiencia para los cuatro expolicías que deberán ser juzgados por
haberse quedado con los 15.000 pesos, cifra de dinero que nunca apareció.
Ellos son: el exoficial Ernesto Fernández (Seccional
Cuarta), y tres exagentes de la Brigada Femenina, Emma Muñoz, Rosa Carina
Romero y Emilce Coria.