Finalmente el juez Martín Heredia Zaldo se pudo hacer de
toda la documentación del escándalo por la presunta coima en Zonda, donde un
audio dice que una empresa ofreció 2 millones de pesos al intendente a cambio
de una ordenanza para poder hacer un emprendimiento inmobiliario.
Pero no le fue fácil: este lunes el intendente sospechado,
Miguel Atámpiz, había dado asueto para que los municipales zondinos tuvieran un
día más de descanso post Navidad.
Por ese motivo es que el secretario del Cuarto Juzgado de
Instrucción, Adrián Elizondo, debió salir a buscar a los funcionarios de la
Municipalidad de Zonda para poder dar extraer la documentación referida al
presunto pago de una coima.
De boca en boca, el secretario Elizondo fue a la casa de un
secretario del intendente. Éste lo llevó a la casa de otro funcionario y así se
armó una cadena de varios eslabones, hasta que dieron con el intendente
Atámpiz.
Como era asueto, varios funcionarios, sorprendidos por el
allanamiento judicial, se acercaron a la municipalidad de short y ojotas. De
todas maneras, hubo buena predisposición en colaborar.
Fue el intendente Atámpiz en persona quien, con la ayuda de
empleados administrativos, entregó a la Justicia todos los expedientes
referidos a los trámites de habilitación que hizo la empresa constructora Plan
B.
Ese fue uno de los 12 puntos que la fiscal Ana Lía Larrea
hizo en el requerimiento fiscal, los cuales el juez Heredia Zaldo tiene que
cumplir.
Con esa documentación en la mano, el juez Heredia Zaldo
decidirá cuáles son los pasos a seguir.
Por ahora no hay ningún pedido de indagatoria, ni para el
intendente –quien fue denunciado y es quien está bajo sospecha del delito de
negociaciones incompatibles con la función pública-, ni para otros funcionarios
o concejales.
Como la actividad judicial del 2016 finaliza el próximo
jueves, es casi seguro que la investigación del presunto pago de coima en Zonda
se suspenda hasta febrero de 2017. Sólo podría continuar en la feria judicial
de enero si la fiscal Larrea pide habilitación. Pero, con la información en la
mano, ya no habría motivos que pongan en peligro la causa como para tener que
habilitar la feria, según confirmaron fuentes judiciales.
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