Se llama Carlos Hernando Cáceres Mantilla,
tiene 43 años y es licenciado en administración de empresas. Nació en
Bucamaranga, capital del departamento de Santander, ubicado 380 kilómetros al
Noreste de Bogotá. Y terminó siendo uno de los principales protagonistas en la
histórica condena por trata de personas con fines sexuales en la Justicia
Federal ¿Cómo llegó desde tan lejos al departamento Jáchal, recostado sobre la
Cordillera de los Andes? ¿Cómo terminó regenteando uno de los prostíbulos más
despiadados de la provincia? ¿Quién es el colombiano al que todos veían llevar
a las mujeres hasta la puerta del hospital de Jáchal y esperarlas afuera para
regresarlas a ese oscuro lugar llamado Las Bóvedas, donde él vivía con ellas?
Cáceres Mantilla habló poco, muy poco,
sobre su rol en la causa por trata que le iniciaron a él y a su pareja, Irma
Gladys Castro, quien también terminó condenada a cinco años de prisión por el
delito de trata de personas.
Incluso, el colombiano se negó a pronunciar
palabra en las dos primeras indagatorias, en abril de 2012, tras caer en el
golpe a los 16 prostíbulos que protagonizó el Juzgado Federal. Recién en el
juicio que arrancó en abril último en el Tribunal Oral Federal aportó algunos
datos, un tanto confusos.
Por ejemplo, allí dijo que llegó al país
por su hermano, quien le dijo que aquí había posibilidades de trabajo. Dijo que
"regularizó” su situación y empezó a trabajar en SOTUR S.R.L., una firma que se
dedicaba al transporte minero en Gualcamayo. Dijo que se desempeñaba en una
oficina de la empresa en Jáchal y en una finca donde se hacía mecánica a los
vehículos.
Sin embargo, luego nunca acreditó en la
Justicia Federal con algún papel (recibo de sueldo, contrato) que lo que decía
era cierto. A pesar de haber dicho que estuvo unos ocho meses trabajando para
la empresa de servicios mineros.
Sí admitió que vivía en Las Bóvedas, el
prostíbulo disfrazado de whiskería ubicado en la entrada a la Ciudad de San
José de Jáchal, una instalación que siempre había funcionado como hotel por
horas para parejas. Ése lugar está a varios kilómetros del centro urbano.
Sin embargo, en ese punto se detenían directamente
los micros de larga distancia que llegaba desde Mendoza con las mujeres que
terminaban prostituyéndose.
Según la investigación judicial, una
comunidad de colombianos radicados en la provincia vecina era desde donde
proveían a Cáceres Mantilla de las mujeres. Ese hermano que citó el colombiano
fue identificado como Germán Cáceres Castilla, quien fue el que le consiguió
abogados particulares al principio de la investigación. Para ese otro
colombiano hay una compulsa de la fiscalía federal para que se lo investigue.
En el 2012, cuando estalló el escándalo,
Tiempo de San Juan contó la historia de una bella morena colombiana que llegó
al país con la promesa de pasar a Chile para trabajar en un restaurante como
cocinera y terminó prostituyéndose en Las Bóvedas, en Jáchal, captada por
colombianos en la terminal de ómnibus de Mendoza.
En el prostíbulo jachallero las mujeres
vivían y se les evitaba el contacto con el mundo exterior, según la
investigación judicial. Y en Jáchal aún circulan los videos de Cáceres Mantilla
llevando en su auto a las chicas para ser curadas de enfermedades sexuales en
el hospital, donde el colombiano las dejaba en la puerta, las esperaba a que
salieran y las llevaba de nuevo al prostíbulo.
Cáceres Mantilla reconoció que vivía en el
prostíbulo, pero curiosamente negó saber conocer quiénes eran las dos
colombianas que fueron encontradas en el lugar. En su defensa, dijo que el negocio
era manejado por su mujer, que siempre creyó que la actividad era lícita porque
había un policía de custodio y estaba habilitado por la municipalidad y por
Leyes Especiales de la Policía.
Pero eso no le alcanzó para justificarse y
el tribunal federal entendió que el colombiano con instrucción universitaria
reunía todos los requisitos para ser condenado por el delito de trata de
personas: captó, trasladó, recibió a personas con fines de explotación sexual.
Le dieron cinco años de un delito que tiene
como castigo entre cuatro y ocho años. Como está detenido desde abril de 2012,
de quedar firme esa pena, Cáceres Mantilla está en condiciones de tener salidas
transitorias legales de la cárcel de Chimbas.
