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CÁMARA FEDERAL

Robo de droga: el gremialista, a un paso de ser exonerado

Se trata de Rogelio Videla, quien aún es investigado penalmente por el robo de más de 10 kilos de droga del Juzgado Federal. Hicieron efectiva la cesantía al quedar sin protección sindical. Por Gustavo Martínez Puga.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Por Gustavo Martínez Puga

“Hacer efectiva la sanción de cesantía dispuesta al señor Ramón Rogelio Videla Hadad, quien se desempeña como Escribiente Auxiliar en la Secretaría Penal N°5 del Juzgado Federal N°2 de San Juan”. Así de contundente es la resolución que emitió la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en los últimos días.

En la práctica eso implica que el ex delegado gremial para Cuyo del gremio de los empleados judiciales federales quedó a un paso de ser definitivamente echado del Poder Judicial de la Nación.

Justamente, el hecho de que Videla ya no tuviera bajo el paraguas de las leyes sindicales fue lo que llevó a todos los integrantes de la Cámara Federal a tomar la resolución. Incluso, los jueces federales pidieron que la resolución sea comunicada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La resolución de la Cámara Federal lleva la firma de su presidente, Juan Antonio González Macías, de los camaristas Raúl Fourcade, Héctor Cortes, Hugo Echegaray, Carlos Parra y Roberto Naciff.

 En el fallo se cita que fue la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación la que le solicitó en una oportunidad al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “la promoción de la acción de la exclusión de la tutela sindical del Sr. Videla”.

La resolución judicial explica que un representante de la Unión Empleados Judiciales de la Nación informó que “el agente –por Videla- fue primero suspendido en sus funciones gremiales en diciembre de 2011 y actualmente ha cesado su representación sindical, por lo que ésta

Cámara Federal entiende que <media justa causa de despido> para confirmar la cesantía”.
Es una de las consecuencias que le trajo el verse involucrado como el principal sospechoso del robo de más de 10 kilos de droga, 20.000 pesos y armas del interior de una caja fuerte asignada a la Secretaría Penal N°5 que estaba en el subsuelo del Juzgado Federal, en Entre Ríos y Mitre.

Ese hecho tomó estado público el 24 de noviembre de 2011, cuando la funcionaria Paula Carena denunció penalmente el gravísimo delito en Gendarmería Nacional. El escándalo trajo aparejado que por varias semanas fuera apartada de la custodia del edificio la Policía Federal.

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