Hasta ahora eran 9 los ex policías detenidos por delitos de lesa humanidad a disposición del Juzgado Federal N°2. El “Pajarraco” se transformó en el número 10, cuando una comisión de la Policía Federal llegó a su domicilio el último jueves 28 de agosto, lo arrestó y lo llevó a la delegación local de la Policía Federal. Al cierre de la edición trascendió que era seguro que le volvieran a otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria.
UNO PRESO, OTRO NO
Mientras que Turón está imputado pero en libertad, según fuentes del Juzgado Federal N°2. Pero no se descarta que en los próximos días esa situación cambie: sucede que la Justicia Federal debió diseñar un operativo para proceder con la investigación judicial, debido a la inédita situación de tener a 86 personas imputadas en una causa, lo que trajo aparejado un problema con la infraestructura para ir haciendo las detenciones (ver recuadro), las cuales no pudieron realizarse todas de una sola vez.
Extraoficialmente, tanto en el Juzgado Federal como en Tribunales, fuentes que supieron ser del entorno de Turón, dejaron trascender que Turón habría intentado salir del país con destino a Miami, Estados Unidos, y que en el mismo aeropuerto se lo habrían impedido.
Allí habría saltado una medida impuesta por el fiscal federal Maldonado cuando realizó las imputaciones: la prohibición a cada uno de los 86 imputados a salir del país, hasta que el juez federal Leopoldo Rago Gallo resuelva su situación judicial.
De lo que no hay dudas es que no son excarcelables los delitos que les imputó a los dos famosos ex policías sanjuaninos la fiscalía federal que dirige Francisco Maldonado. Entre esos delitos está el de “autor del delito de asociación ilícita en calidad de integrante”, el cual no permite que el sospechoso siga libre mientras se hace la investigación.
En el caso de Turón la situación podría resultarle más complicada que a Pereyra, ya que el comisario general retirado tiene 59 años y no tiene una enfermedad grave, por lo que no reuniría los requisitos para una prisión domiciliaria. En ese punto Pereyra tiene ventaja: tiene la edad y padecería Alzheimer, por lo que necesita de alguien que lo cuide. Por eso es que al Juzgado Federal le habría vuelto a otorgar la prisión domiciliaria.
CRÍMENES RESONANTES
Según consta en documentos oficiales, Agustín Alejandro Pereyra es el imputado 74 de los 86. Los delitos que habría cometido son gravísimos, considerados de lesa humanidad, por lo que no tienen prescripción.
El más grave de ellos es el de ser un criminal serial: habría cometido 16 hechos. Le imputan el delito de homicidio doblemente agravado, por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas.
Entre esas 16 víctimas fatales de la represión que le imputan al “Pajarraco” hay un caso de trascendencia mundial: uno es el de María Ana Erize, la reconocida modelo franco-argentina desaparecida en Trinidad y asesinada.
El otro caso de trascendencia nacional fue el crimen de Francisco Segundo Alcaraz. El “Pajarraco” participó de ese operativo y el 30 de diciembre de 1976 le agregaron a su legajo personal “un reconocimiento por el operativo realizado el 29 de octubre de 1976 en el Departamento Rawson, donde Agustín Pereyra
ó>”, dice el escrito de la fiscalía federal.
Incluso, el ex Jefe de Policía Juan Carlos Coronel decidió eximir de responsabilidad a Pereyra por el procedimiento que culminó con la “presunta muerte” de un “elemento subversivo”.
LOS 48 DEL “PAJARRACO”
Además de los 16 homicidios agravados, al “Pajarraco” Pereyra le imputan también 8 casos de “privación abusiva de la libertad, agravada por mediar violencia y amenaza”. Otros 7 casos por “privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia, amenaza y por haber durado más de un mes”. Y otros 17 casos por “tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima”.
Según consta en la acusación fiscal, a la época de los hechos que le atribuyen, Agustín Alejandro Pereyra se encontraba prestando servicio en la Dirección de Inteligencia (D-2), dependencia de la Policía de San Juan en la que trabajó desde el 22 de julio de 1976 hasta el 11 de marzo de 1982, según su legajo personal N°19.817.
Con el regreso de la democracia, en 1983, Agustín Alejandro Pereyra estuvo entre la vieja mano de obra de los represores que aprovecharon y se retiraron con un sueldo de las arcas públicas. Y siguió haciendo lo que mejor sabía: inteligencia. Pero ya desde la clandestinidad. Así se mantuvo en el anonimato hasta el 2006, cuando saltó a la fama con el caso Naranjo (ver recuadro), mientras trabajaba en la seguridad del empresario Eduardo Fornasari.
LOS 8 DE TURÓN
En una situación un poco más holgada, pero no menos grave, está el comisario retirado Juan Carlos Turón. La fiscalía le imputó 8 hechos: cuatro de ellos por el delito de “privación abusiva de la libertad” y otros cuatro hechos por “tormentos agravados por la condición de perseguid político de la víctima”.
Las personas que habrían sido víctimas del accionar policial de Turón están identificadas como Marcelo Nívoli, Isabel Emil Mc Donald de Nívoli, Jorge Capella y Beatriz Paris.
La investigación por delitos
de lesa humanidad contra Turón se originó en el recurso de Habeas Corpus a favor de la detención ilegal que sufrió el matrimonio compuesto por Capella y Nívoli. Ese fue un procedimiento policial que se hizo en el barrio Belgrano, departamento Rawson, el cual tuvo mucha trascendencia y en el que el entonces oficial Turón aparecía como el líder del operativo policial.
Según los autos 4.077, fojas 12, Juan Carlos Turón se desempeñó como oficial ayudante en la Comisaría Sexta de Rawson entre el 7 de julio de 1975 hasta el 16 de enero de 1978. En su legajo personal dice que luego pasó a desempeñarse en otra fuerza de choque cuestionada durante la dictadura: la Guardia de Infantería.
Con el regreso de la democracia, Turón siguió siendo policía y hasta finalizó sus estudios universitarios, logrando recibirse de Abogado. Siempre fue un policía de alto perfil público. Y el punto máximo de su carrera policial fue con el gobierno de la Alianza, cuando llegó a ser el Director de Operaciones (D-3), integrando así la plana mayor, el máximo grado al que puede llegar un policía de carrera, ya que la Jefatura y la Subjefatura son destinos políticos.
Tras dejar la fuerza de seguridad pública, Turón siguió teniendo un alto perfil público: aparecía con frecuencia en distintos medios como un “experto en seguridad”, tal vez impulsado por la espalda que le dio su agencia de seguridad privada, desde donde prestaba sus conocimientos al sector privado.
En esos años a Turón le aparecieron algunos cuestionamientos públicos de presuntos delitos, tal como el destino confuso de una yegua de raza donada por los Granaderos que terminó en manos de un privado cuando él dirigía la Dirección de Operaciones de la Policía.
Antes también se lo vinculó a un asalto tipo comando a un matrimonio en Caucete, donde una mujer dijo haber reconocido el rostro del comisario general retirado. Pero ambas acusaciones no prosperaron y nunca la Justicia logró probarle efectivamente algún delito.
Así fue como llegó a diciembre de 2013 con muy buena reputación entre las filas policiales. Por eso, y por sus conocimientos como abogado, lo eligieron para que fuera el mediador entre el Gobierno Provincial y los policías acuartelados en reclamo de aumento salarial.
Esa no había sido la primera incursión política de Turón: meses antes, en junio de 2013, había integrado una lista del Frente Compromiso Federal para participar de las primarias, rumbo a octubre.
Para el fiscal, debe reverse el beneficio del “Pajarraco”
El fiscal federal Francisco Maldonado es partidario de revisar el beneficio de prisión domiciliaria que tiene Alejandro Agustín “Pajarraco” Pereyra: “Soy de la idea de que esa situación sea revisada. Se da una situación particular, ya que esa persona está a disposición de dos juzgados, el local y el federal. Y el parámetro de la edad no es una condición que deba cumplirse sí o sí a la hora de darle el beneficio de la prisión domiciliaria a un sospechoso de delitos tan graves”, informó.
La falta de infraestructura, un obstáculo
La falta de celdas en el Penal de Chimbas y, de última, de calabozos en delegaciones de la Policía Federal y Gendarmería, es uno de los problemas de infraestructura que limitó a la Justicia Federal a la hora de proceder contra los 86 ex policías imputados por la fiscalía federal.
Otro problema que incidió a la hora de proceder contra los 86 ex uniformados fue la falta de personal: al tratarse de personas que prestaron servicio para la Policía de San Juan, y como en toda fuerza las jerarquías es algo que se respeta de por vida, en la justicia federal optaron por usar a efectivos de la delegación local de la Policía Federal para hacer los operativos de detención.
A diferencia de lo que ocurrió con la última dictadura militar, ahora el Estado Nacional no puede disponer del Ejército y de las fuerzas de seguridad provinciales para cerrar cuadras enteras de barrios para hacer operativos masivos, tal como se hacían las detenciones en aquellos años de la represión desde el Estado.
La inédita situación de tener a 86 personas imputadas hizo que en la justicia federal se optara por priorizar el orden de los detenidos en función de la gravedad y de la cantidad de hechos que se sospecha que cometieron.
¿El peor asesino del mundo?
A pesar de estar sospechado de que podría haber matado a 16 personas, el “Pajarraco” Pereyra quedó como un verdadero “aprendiz” al intentar asesinar al empresario Hugo Naranjo en su estudio. El 27 de mayo de 2006 Pereyra ingresó a la oficina de Naranjo, lo atacó por la espalda y le disparó cinco veces en zonas vitales como la cabeza y el cuello. Además lo roció con combustible, lo prendió fuego a él y al estudio donde se produjo el hecho para no dejar evidencia. A pesar del salvaje ataque, Naranjo sobrevivió e identificó al “Pajarraco” como el autor material del hecho. Para colmo, todo eso quedó registrado por un camarógrafo de Canal 5 Telesol, quien se encontró con Naranjo agonizando.
Las pruebas aportadas en su contra incluyeron el testimonio de Hugo Naranjo, el análisis de dermotest que determinó que había restos de pólvora en las manos del imputado, la pericia balística que estableció que la vaina calibre 765 hallada en su auto fue disparada por el mismo revólver calibre 32 que atacó a la víctima.
Las abrumadoras pruebas fueron suficientes para que el 17 de agosto del 2008 los jueces Félix Herrero, Juan Carlos Peluc y el subrogante Arturo Velert, de la Sala II de la Cámara Penal, condenaran a Agustín Alejandro Pereyra a 17 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por alevosía y por causar un incendio que puso en peligro la vida de una persona.
Cuando Pereyra cumplió 70 años (en el 2011) le hicieron lugar al pedido de prisión domiciliaria. El ex Comisario continuó cumpliendo condena en su casa de Pocito. Ahora su nombre nuevamente está en la picota por sus actuaciones durante la Dictadura.
Las 16 presuntas víctimas mortales del “Pajarraco”
María Ana Erize, Florentino Arias, Oscar Silverio Castillo, José Scadding, Daniel Olivencia, Vicente Jorge Mazitelli, Mario Rodríguez, Luis Roque Herrera Moyano, Lidia Neptalis Otarola, Miguel Ibarbe, Carlos Ramón Andrada (desaparecido), María Cristina Otarola (desaparecida), Daniel Russo, Francisco Alcaraz, Armando Lerouc y Mario Martínez.
