Por Gustavo Martínez Puga
“Me revisó los mensajitos del celu, se puso como loco porque cree que lo estoy engañando y me trató de p…, tengo miedo que me mate porque está muy sacado”.
“Discutimos y me dijo que lo tenía cansado, que era una gorda h.d.p., que no me mataba por los niños”.
“Nos peleamos, me pegó, se fue de la casa y me dijo que si me veía con otro me metía un tiro”.
Estos casos son reales. Y son sólo tres ejemplos que terminaron disparando la judicialización de los problemas entre parejas, una problemática en aumento que satura a los juzgados.
En el mes de enero último, durante la feria judicial, el 70 % de las causas que ingresaron al Primer Juzgado Correccional fueron por casos de violencia familiar. Esto se registró en uno de los cuatro juzgados correccionales. Este tipo de delitos tienen penas de menos de 3 años de prisión, por lo que la cárcel no es efectiva, de manera que son investigadas en el fuero correccional.
Hay otro dato estadístico que refuerza esa realidad: desde que fue creada la Comisaría para la Mujer, hace 6 meses, se judicializaron 1.046 casos (ver cifras). A excepción del mes del nacimiento de esa oficina policial, a mediados de agosto de 2013, el promedio rondó los 200 casos mensuales de mujeres que fueron a pedir ayuda a las autoridades por el contexto de violencia que viven en su seno más íntimo: su pareja.
En esa comisaría reciben denuncias del Gran San Juan y solo de mujeres mayores de edad.
Por lo tanto, en esas 1.046 causas no están contempladas las que hayan ingresado a través de las comisarías departamentales. Ni tampoco las que se tramitaron directamente en el Poder Judicial.
En los departamentos las víctimas de violencia de género deben dirigirse a las comisarías. En las municipalidades hay un Área de la Mujer, donde las víctimas pueden pedir llenar el formulario para solicitar protección y recibir asesoramiento de cómo judicializar sus casos.
Para los jueces, esas causas de violencia familiar son un verdadero dolor de cabeza: “Nos consume la mayor cantidad de tiempo, de horas de trabajo, de personal del juzgado. Y la gran mayoría se termina arreglando después de que hacen la denuncia. Muchas veces incide el factor económico, porque las mujeres no tienen cómo mantener solas a sus familias cuando el hombre se va de la casa, y se les hace complicado esperar un resultado de la judicialización para esperar una mensualidad. Otras veces, simplemente, las mujeres están verdaderamente enamoradas, sus hijos les piden por sus padres y la relación se recompone. Generalmente eso no es informado y a las causas judiciales hay que seguir impulsándolas. Es un tema complejo”, explicó una alta fuente judicial que todos los días tramita este tipo de causas.
CASO OLIVARES
En medio de esa realidad judicial, sobrevuela el fantasma del caso Cristina Olivares, lo que muchas veces lleva a los funcionarios judiciales (jueces, defensores y fiscales) a impulsar las denuncias más allá de que íntimamente estén convencidos de que están ante una situación que no es tan grave.
Cabe recordar que Cristina era una joven madre pocitana que fue asesinada de 140 puñaladas en junio de 2012 en medio de una tormentosa relación con su ex pareja, Miguel Ángel Palma, procesado como el principal sospechoso del crimen. Ella lo había denunciado por lesiones y amenazas. En el Primer Juzgado Correccional le habían prohibido a Palma arrimarse a Cristina y a sus dos hijos varones. Sin embargo ella lo iba a buscar en su moto la noche del crimen para que se quedara con los niños: al parecer, ella nunca se resignó a perderlo y terminó siendo la víctima del más sangriento asesinato que se tenga memoria en San Juan.
Tanto en el juzgado como en la Comisaría para la Mujer coincidieron en que el grueso de las denuncias por violencia familiar son por lesiones y amenazas. Y, en menor medida, contra la integridad sexual.
“Es un problema que abarca a mujeres de todas las edades y clases sociales. Denuncian por igual, no es una cuestión vinculada a la pobreza”, explicó Sandra Silva, la subcomisario que está a cargo de la Comisaría para la Mujer.
La Comisaría de la Mujer está ubicada en el Barrio Edilco, Capital, y está integrada por un equipo especializado que atiende las 24 horas, todos los días del año. Allí le dan a las víctimas la cobertura policial y la contención primaria: asesoramiento, actuación policial y judicial. Luego los casos son derivados a la Dirección de Protección de Personas en Riesgo Social o las respectivas áreas de la mujer del Ministerio de Desarrollo Humano.
Todos esos organismos y procedimientos se ponen en funcionamiento cuando una mujer completa el formulario para pedir protección ante un caso de violencia familiar.
La Comisaría para la Mujer se encuentra ubicada en Tucumán y Sabatini, Barrio Edilco, Capital.
Los teléfonos habilitados para hacer las denuncias, son 0800 222 4002 y la línea directa 4281589.
Fuera del Gran San Juan, las mujeres pueden pedir protección en las municipalidades o en las comisarías.
CIFRAS
1.046
Son las denuncias judicializadas que registran en la Comisaría para la Mujer en sus primeros seis meses de funcionamiento.
