La contadora Mariela Fernández Achem, procesada recientemente por exacciones ilegales, hizo graves acusaciones públicas en contra del juez Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción, quien recientemente falló en su contra: la profesional dice que el magistrado puenteó a la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial porque allí hay "informantes de la prensa”.
De ser cierta esa denuncia pública, el magistrado estaría cometiendo una grave irregularidad, porque estaría evitando las oficinas legales por la que deben canalizarse esos trámites de la Justicia.
Incluso, siempre según la contadora Fernández Achem, el juez Flores le llamó "por teléfono” para informarle el auto de procesamiento en su contra y "justificando que utilizó ese medio para evitar la Oficinas de Notificaciones de la Justicia, aduciendo que allí había informantes de la prensa”.
De ser cierto, esto también sería una irregularidad debido a que siempre el juez debe notificar en forma personal y en su despacho al imputado o al abogado (que es su representante legal ante la Justicia).
"Mi abogado aún no estaba en conocimiento y mucho menos estaba notificado de la resolución”, dijo públicamente la contadora Fernández Achem.
Todas estas denuncias públicas se ventilaron por el escrito que la contadora Fernández Achem envió a Diario de Cuyo, quien lo publicó en la página 4 de su edición gráfica de este miércoles.
Mariela Fernández Achem, quien trabajaba en el Ministerio de Gobierno, junto al contador Carlos Alejandro Correa (quien era delegado fiscal en el Ministerio de Gobierno), fueron denunciados por el dueño de una empresa al que le habrían pedido dinero a cambio de hacerle ganar la licitación para que hiciera la desinfección en el Penal de Chimbas.
En el procedimiento hasta se usó una cámara oculta para registrar el momento en que Carlos Correa recibía el dinero. Ambos fueron procesados por exacciones ilegales, un delito por el que no irían presos si resultaran finalmente condenados.
Por ahora los dos contadores están de licencia con goce de haberes. Pero si son encontrados culpables pueden perder el trabajo en el Gobierno de San Juan.
