Una junta médica de Salud Pública determinará cómo está Graffigna

A pedido del Fiscal de Instrucción N°3, Carlos Rodríguez, la jueza María Inés Rosselot, del Quinto de Instrucción, autorizó que el abogado Santiago Graffigna –detenido y procesado como líder de una asociación ilícita en el escándalo de las expropiaciones- sea sometido al estudio de una junta médica, con profesionales que designe Salud Pública de la provincia.

“La prisión domiciliaria es un tema delicado y la ley es clara cuándo debe otorgarse. En el caso de Graffigna, si está tan delicado, lo ideal sería que no esté detenido en la Unidad Regional Sur, sino en la enfermería del Servicio Penitenciario Provincial, que está preparada para un caso de emergencia”, informó el fiscal Carlos Rodríguez.

El representante del Ministerio Público fue el que le pidió a la jueza Rosselot, quien investiga el mega escándalo de las expropiaciones, que Graffigna sea revisado por una junta de médicos integrada por un cardiólogo, un psicólogo y un clínico. Y también pidió la asistencia de un sociólogo para que haga una encuesta ambiental en el domicilio de Graffigna y diga si reúne las condiciones para una eventual prisión domiciliaria.

Para evitar todo tipo de imparcialidades, el fiscal Rodríguez le pidió a la jueza que esos profesionales sean designados por Salud Pública de la provincia.

La jueza Rosselot ya autorizó ese pedido y envió a Salud Pública para que le designen a los profesionales de la salud. Después que eso ocurra, la jueza deberá incorporarlos a la causa y poner día y horario para hacerle la junta médica.

En un principio, la defensa de Graffigna, a cargo de los abogados Rolando Lozano y Fernando Ramhe Quattropani, presentaron a la jueza un pedido de prisión domiciliaria para su cliente. Y adjuntaron los informes de su médico clínico, de su siquiatra, de su psicólogo y de su cardiólogo.

Todos esos informes médicos decían que la salud del abogado procesado era complicada y los abogados argumentaron que el encierro en una celda hasta que se haga el juicio podía provocarles daños irreversibles.

Por su parte, la jueza Rosselot ordenó un peritaje con un psicólogo y un psiquiatra del Poder Judicial.

Según el fiscal Rodríguez, la defensa de Graffigna no quería que fuera sometido a una junta médica. Argumentan que, con el informe de sus médicos particulares, era suficiente para que la jueza Rosselot tenga información respecto del estado de salud del abogado del escándalo.

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Así lo autorizó la jueza Rosselot, a pedido del fiscal Carlos Rodríguez. La defensa había presentado informes médicos aduciendo problemas físicos y mentales, por lo que piden prisión domiciliaria. Por Gustavo Martínez Puga.

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