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Robo a Arquitectura: Zona liberada

El robo de dinero de salarios de empleados públicos sucedido en 1993, tuvo varias características. Quizás la principal fue la “ausencia” de serenos y policías en el lugar del hecho, lo que posibilitó que una de las bandas más temidas de San Juan trabajará tranquilamente en apoderarse del botín y manteniendo varias horas a una familia secuestrada. - Por Omar Garade.
sábado, 24 de diciembre de 2011 · 09:41

Por Omar Garade

En San Juan se registraron varios robos y asaltos con el método de “zona liberada”. Esta modalidad no es otra que un acuerdo entre criminales y fuerzas de seguridad, para que estas últimas no estén presentes en los lugares que normalmente tienen que vigilar durante el tiempo que se cometa el ilícito.
Quizás el caso de “zona liberada” más conocido en el país, fue el asesinato del fotógrafo y periodista José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997 en Pinamar, provincia de Buenos Aires. Tan es así que todo el juicio que se realizó para castigar a los culpables, entre ellos cuatro policías, estuvo basado en la conexión que hubo entre criminales y policías para el secuestro y posterior asesinato del trabajador de prensa.
Esta modalidad viene desde la época de la última dictadura militar, cuando el gobierno de facto le indicaba a la policía en “donde no tenía que actuar” mientras los grupos de tareas secuestraban a personas y saqueaban casas con total impunidad.
En el caso del robo a la Dirección de Arquitectura de la Provincia, las características de la “zona liberada” no tan solo se dio por la falta de presencia policial mientras se llevaban los dineros de los sueldos, sino también por la extraña “ausencia” de los  serenos que debían vigilar el interior del edificio. Pero relatemos los hechos para mostrar lo sucedido.
El 2 de Junio de 1993, un grupo comando integrado por al menos 3 personas llegó hasta la casa del Tesorero de la Dirección de Arquitectura de la Provincia, Justo Moya, cerca de las 22,30. La casa de Moya estaba ubicada en el Barrio Belgrano, Rawson, y en el momento del ataque, se encontraba junto a su mujer y sus cuatro hijos.
Luego de reducirlo a él y maniatar a los miembros de su familia, lo obligaron a entregar las llaves de la caja fuerte de la tesorería. Uno de los delincuentes se quedó vigilando a la familia Moya y los otros dos partieron hacia el edificio 9 de Julio, donde funcionaba la Dirección de Arquitectura de la Provincia.
En principio no se sabía cómo hicieron para entrar al edificio 9 de julio, ya que supuestamente en ese lugar tenía que haber tres serenos. Luego las pericias demostraron que ingresaron por una ventilación de luz del sótano y desde allí, subieron por las escaleras hasta el 2do. piso, donde tardaron aproximadamente dos horas en abrir la caja fuerte del segundo piso.
En la caja estaban guardados los sueldos de los empleados de la repartición, una suma cercana a los 200 mil pesos. Luego de robar, los delincuentes vuelven a la casa de Moya y junto con el tercero que había quedado vigilando, desaparecen. Apenas puede liberarse, Moya da aviso a la Policía y al personal de seguridad del edificio 9 de Julio.
Un dato llamativo fue que el lunes 31 de mayo a la siesta, la ascensorista del edificio 9 de Julio advirtió sobre la presencia de un hombre que había pedido ir al segundo piso y que al retirarse, le dijo "Saludos de (Mario) Firmenich (en alusión al ex miembro y fundador de la agrupación Montoneros)".  Ante este hecho tan inusual, la mujer advirtió a sus superiores y quiso avisar al personal de seguridad del edificio, pero éste se había ido a tomar mate con su par de Tribunales.
Esto motivó que al otro día el contador Alfredo Jordán (funcionario de la Tesorería General de la Provincia) emitiera una circular a todas las dependencias, en la cual se les recomendaba tomar recaudos y extremar las medidas de precaución, ya que se estaba ante la posibilidad de un robo o asalto. Era la primera vez que se hacía algo así.
En algún momento, se habló de "defraudación" y no de robo, y se llegó a dudar que la plata estuviera en la caja fuerte. Circuló la versión de que, en realidad, el robo era un simulacro para tapar una defraudación. Luego se confirmó que la plata sí estaba en la caja fuerte, ensobrada y guardada en siete cajas de madera con llave, que eran entregadas a los habilitados de cada repartición todos los meses para la fecha de cobro.
Los ladrones entraron y salieron por el mismo lugar, es decir, por las ventanas  del sótano que daban a la vereda del edificio.Hasta ese momento, el gran interrogante era dónde estaban los serenos y cómo fue que no advirtieron nada. Uno de los serenos debía estar precisamente en el sótano, el lugar por donde entraron los ladrones.Hubo cerca de 50 allanamientos y se demoró a los serenos, pero hasta ese momento, no había pistas de los delincuentes.
El 10 de septiembre de 1993, tres meses después del robo, la Policía de Mendoza atrapa en medio de un confuso episodio, a los autores del robo a la Dirección de Arquitectura: el Taza Albornoz, Juan Ramón Guevara, Diego Tantén y otros dos personajes que no participaron del robo, pero que se agregaron luego: Sergio Reyes y Carlos Guevara.
Los atrapan por equivocación, ya que en la madrugada del 5 de septiembre, los cinco delincuentes habían robado en una armería de San Luis y ese mismo día, seis presos de la cárcel de San Luis se escapan. Era a estos últimos a los que buscaba la Policía de Mendoza, pero alertados por el control policial de El Encón, por donde habían pasado los sanjuaninos, los persiguen y atrapan en Mendoza.Una comisión de la Policía de San Juan viajó a Mendoza para su traslado.
Los datos son irrebatibles y la impunidad con la que trabajaron los ladrones es solo producto de cómplices tanto dentro del edificio público, como de la policía provincial. No tan solo para cometer el hecho en sí, sino también por la facilidad como los malvivientes lograron “desaparecer” de la provincia, sinónimo de que “nadie los salió a buscar” de inmediato como debía ser.

Memoria
Pero esto no son los únicos casos de este tipo  en San Juan. El robo al Bingo en la calle Mendoza en febrero del 2002 y el asalto al Casino en julio del 2006, tuvieron características parecidas en donde miembros de fuerzas de seguridad participaron activamente para que se cometieran los ilícitos.
Guardias que no estaban donde tenían que estar, puertas que se abrían que no se tenían que abrir, y controles mínimos que se tenían que realizar y que no se hicieron. Todo esto conveniente en tiempo y forma tanto para los “vigilantes” que aluden inocencia, como de los ladrones que festejan el camino sin obstáculos.
También existe entre los tres hechos una coincidencia que vale destacar. Todo sucedió en el ámbito del Estado. Los tres robos se cometieron en edificios públicos. Tanto en la Dirección de Arquitectura, el Bingo y el Casino la seguridad estaba a cargo de la policía de la provincia. Y en los tres se registró la característica de la “zona liberada”.
¿Alguna vez se investigó si los policías que se “ausentaron” o no hicieron lo debido en estos casos, lo hicieron solo por iniciativa propia, o hubo alguna orden de un superior? ¿Es posible que en plena democracia la Policía de San Juan tenga vicios de la época militar? ¿Se habrá democratizado esta institución como para estar a la altura de los tiempos que corren? ¿Se trata de tan solo de un grupo de policías corruptos o de una metodología que todavía cuesta desinstalar?
No hay que olvidarse que esta institución provincial fue una de la que más se resistió a los cambios con la llegada de la democracia. Cuando se estableció a nivel nacional que las policías de todo el país destruyeran todos los registros de inteligencia sobre los ciudadanos que se habían hecho ilegalmente, la fuerza sanjuanina se resistió hasta que fue denunciada públicamente y se vieron obligados a hacerlo.
Sin olvidarse la gran cantidad de denuncias por brutalidad policíaca, sobre todo contra travestis y otros detenidos que hay en su contra, y que hoy con el asesinato del oficial Mario Vega, toman una inesperada importancia. ¿De qué manera se forma a los policías en San Juan? ¿Está acorde esta formación a los tiempos que corren?
Pareciera que todo se queda en la queja de que cobran muy poco por “arriesgar sus vidas”, pero eso no los habilita para no hacer lo más profesionalmente posible su trabajo. En todo caso será un dilema que las autoridades deberán resolver cuanto antes, porque indudablemente la Policía es una de las instituciones más importantes de la provincia, y no puede nadar en medio de un mar de desprestigio.

Ramallo en San Juan
La masacre de Villa Ramallo ocurrida en 1999 ha sido una referencia fuerte para las autoridades locales.  Cuando se produjo la fuga masiva del Penal de Chimbas, el juez que sirvió de rehén, Agustín Lanciani, defendió su terrible error de entrar a un pabellón de reos amotinados acompañado de cinco periodistas, asegurando que había hecho esto para evitar “un nuevo Ramallo”.  Esto puso en el tapete el miedo que había en el país por no manejar bien una situación de rehenes que podía terminar en una matanza.
Ramallo también se parece a San Juan, en lo que a “zona liberada” se refiere. Aquel hecho también sucedió en un edificio público: el Banco de la Nación. Y según se supo después en el juicio varios de los acusados señalaron a un comisario de esa ciudad bonaerense como el que ordenó la “zona liberada” de efectivos bonaerenses,  mientras los ladrones realizaban su faena.
Tanta fue la complicidad de la policía en ese caso, que se dijo que la balacera que terminó con la vida de dos criminales y dos empleados del banco, solo fue efectuada para que no quedaran testigos  con vida. Tan es así, que el único ladrón sobreviviente,  Martín Saldaña, apareció colgado en su celda el día posterior a su detención. Primero se habló de suicidio, pero luego a través de las autopsias se determinó que Saldaña fue golpeado y luego colgado.

El camino de María Rosa
Otro caso que se puede observar la “zona liberada” es en la desaparición y muerte de María Rosa Pacheco. Todavía nadie sabe cómo los miembros de empresa de seguridad que tenían a cargo vigilar el sanatorio Brown y sus inmediaciones no la vieron en ningún momento, desde el lugar que ella salió del edificio hasta donde se encontraba su auto estacionado. ¿Habrán estado presentes los empleados de Bufano, o convenientemente no se encontraban en sus puestos de trabajo? Pero la aparente complicidad entre investigadores y criminales, se ve en el raro episodio del incendio del auto de la víctima, sin que hubiera ni un solo testigo. Y también en el hallazgo de los restos de la psicóloga, que parecían plantados por un lugar que la policía había rastreado varias veces antes. Es como si los asesinos hubieran estado “informados” en qué lugares investigaba la policía y de a poco iban soltando pruebas.

Más bochornos
El 5 de Julio de 1994, el juez del 3er. Juzgado Correccional de la Provincia, Juan Javier Cámpora, fue destituido por mala conducta. La causa fue la aparición de un video, filmado en San Luis (provincia donde detienen a Tantén y Albornoz), en el que el "Taza" Albornoz asegura que el reparto del dinero del robo, unos 197.000 pesos, según se acreditó en el juicio posterior, se hizo en la casa de Cámpora. En el mismo video, Albornoz dice que Cámpora también recibió dinero. Lo curioso del caso es que a Juan Javier Cámpora lo destituyen por este hecho, pero nunca lo investigan por ese delito.
Durante el juicio, también saltó a la luz el extravío de las actas del robo de 12.000 pesos (la única parte del botín que logró recuperarse) del 4to. Juzgado de Instrucción, a cargo de Lucy Rodríguez de Seoane. Nunca se investigó a nadie por este hecho y la jueza posteriormente fue destituida.

La banda
La banda integrada por Guevara, Albornoz y Tantén, que cometió el robo a la Dirección de Arquitectura venía operando desde principios de 1990, aproximadamente. Por entonces, se dedicaban al robo en casas de familia. También formaba parte de la banda Carlos "El Incendiario" Guevara.  Por estos hechos, a Ramón Guevara lo condenan a 7 años de prisión, pero en mayo de 1991 consigue escaparse del Penal de Chimbas.
El robo a la Dirección de Arquitectura se produce el 2 de junio de 1993, pero para entonces, "El Incendiario" estaba preso, de modo que no participó. Al resto de la banda lo detienen poco tiempo después, pero en agosto de ese mismo año, los Guevara consiguen evadirse y son capturados en septiembre.
En otras dos ocasiones, los Guevara consiguen escapar luego de enfrentarse a tiros con la policía: en diciembre del 93 y en febrero del 94. En la segunda oportunidad, la policía consigue detener a Carlos "El Incendiario" Guevara.
En marzo de 1996, el "Taza" Albornoz intenta escaparse de la cárcel, pero no lo consigue. Recién en mayo de ese año logra su cometido, junto con Tantén y con el "Incendiario" Guevara. En junio de 1996, Ramón Guevara es capturado en Buenos Aires. En ese mismo mes, Carlos "El Incendiario" Guevara se enfrenta a tiros con la policía en calle Sargento Cabral y Salta y cae muerto en el tiroteo.Al "Taza" Albornoz lo captura la policía en agosto de 1996 y a Tantén, en febrero de 1997 en Mendoza.
Cuando es traído desde el penal de Olmos, en Buenos Aires, donde cumplía una condena por matar a un policía de un escopetazo en la cara, Ramón Guevara tenía solamente 28 años. Para su traslado, se puso en marcha un operativo de no menos de 30 personas. Se dice que en calabozo de la Central donde estuvo alojado durante el juicio, lo custodiaban 8 uniformados con ametralladoras.

El juicio, 6 años después
El juicio por el robo a la Dirección de Arquitectura empezó el 16 de abril de 1999, es decir 6 años después del hecho. Para poder concretarlo, hubo que poner en marcha acciones casi hollywoodescas porque los acusados no estaban en San Juan y para traerlos, hubo que extremar al máximo medidas de seguridad. La mirada de la opinión pública estaba puesta sobre la policía y la justicia para entonces, por todas las desprolijidades en la investigación del robo, porque quien finalmente los atrapa es la Policía de Mendoza (y por equivocación, para colmo) y porque de los 5 acusados, tres tenían un historial de fugas bastante complicado: Tantén, con 2 evasiones y Guevara y Albornoz, con 3 escapes cada uno.
Entre el robo y el juicio, pasó de todo. Desde las fugas referidas hasta la destitución de un juez de instrucción, Juan Javier Cámpora, pasando por una denuncia por apremios ilegales contra la policía por parte de dos de los acusados. Para peor, durante el propio juicio, las pruebas testimoniales de la fiscalía contra Tantén y Albornoz era lo suficientemente endebles como para pensar que no eran suficientes para condenarlos.
En el juicio quedó demostrado que la policía actuó, por lo menos, con negligencia y falta de profesionalismo después del robo. En un primer momento, se dijo que el tesorero Justo Moya había dado aviso de inmediato y ni bien pudo liberarse de los delincuentes, al personal de seguridad del edificio 9 de Julio y a la policía, pero que éstos concurrieron al 9 de Julio recién tres horas después. En su testimonial, el Comisario General Hugo Balmaceda (que era el jefe de la 6ta en el momento del robo) dijo que fue al edificio 9 de julio cinco horas después y que golpeó la puerta,pero que nadie la abrió, así es que se volvió a la comisaría.
En síntesis, la policía no fue de inmediato al edificio 9 de Julio, no constató el robo, no inspeccionó el lugar, no buscó lugares posibles por donde pudieran haber entrado los ladrones, no escuchó la denuncia de una vecina del tesorero Justo Moya, quien aseguró que momentos antes del secuestro del tesorero y su familia, vio a dos personas que respondían a las características de Guevara y Tantén caminando por las calles del Barrio Belgrano.
Los acusados por el juicio fueron 5: Ramón Guevara, Diego Tantén, Miguel Albornoz, Juan Carlos Vega (ex empleado de Arquitectura, era el dueño del Peugeot 404 en que se movilizó la banda desde la casa del tesorero hasta el 9 de Julio) y Angel Custodio Villafañe, uno de los serenos, más precisamente, el que tenía que estar en el sótano en el momento en que se produce el robo.
Según los testimonios del tesorero y su familia, el líder era Ramón Guevara. Se lo acusó de privación ilegítima de libertad, robo agravado y calificado con uso de armas. Al resto se los acusó de partícipes principales.
Durante el juicio, saltó también el tema de los apremios ilegales, una denuncia presentada por los defensores de Tantén y Albornoz. También se investigó otra denuncia por otro hecho irregular: cuando la policía detiene a Guevara, a fines de junio de 1993, lo traslada sin esposas a un lugar no identificado, "para que diga donde escondió un arma", según se le dijo. En medio de esa confusa situación (de la que fue parte el ex comisario Morán), Guevara recibe un balazo por parte de un policía. La policía dijo que fue un tiroteo.

 

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