Sin pistas nuevas que permitan acercarse a la verdad sobre los autores materiales e intelectuales del crimen del fiscal Alberto Nisman, la investigación judicial se aferra a una prueba inesperada que acaba de aterrizar en Tribunales: Diego Lagomarsino tenía el celular intervenido por una orden judicial. En realidad eran dos líneas que comenzó a utilizar después del 18 de enero. También se hicieron escuchas sobre al menos una línea fija de un domicilio donde ya no vive, pudo saber Infobae en fuentes judiciales. Las revelaciones surgen de un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), presentado el 2 de enero en la fiscalía de Eduardo Taiano.
Según las fuentes consultadas, el organismo activó su protocolo de actuación interno y únicamente aportó los datos de la causa donde se ordenaron las escuchas. Se trata del expediente 2752/2015 en el que se investiga la cuenta bancaria que tenía el fiscal en Estados Unidos con 500 mil dólares y de la que Lagomarsino era su apoderado junto con la madre y la hermana de Nisman.
Ahora, para acceder a los audios, la Justicia debería insistir con un nuevo pedido.
Taiano le había solicitado en diciembre a la DAJuDeCO, la ex OJOTA, que responda si hay escuchas legales de otras causas que puedan arrojar datos valiosos. El fiscal entregó un listado de más de 40 personas, según pudo saber Infobae. Entre ellos estaba Diego Lagomarsino y allegados al asesor informático. También figuraba el fiscal Nisman, algunos allegados, y sus custodios, que todavía no fueron exonerados aunque ya están procesados. Sobre el fiscal, la respuesta fue negativa. Sin embargo, en Tribunales no se descarta que ya sido objeto de escuchas ilegales.
Concretamente, la Justicia pidió escuchas sobre esas personas entre diciembre de 2014 y fines de febrero de 2015. "Los días previos serían importantes para saber por qué (Nisman) cambió su viaje de regreso al país, y enero fue el mes de la presentación de su denuncia y su muerte", justificaron en la Fiscalía. El período de tiempo fue reducido por el juez Julián Ercolini, quien homologa cada uno de los pedidos.
El listado confeccionado por la Fiscalía también sufrió modificaciones. En total hay casi 60 personas en la mira. No se descarta que en las próximas semanas la Justicia también pida rastrear escuchas de ex funcionarios teniendo en cuenta lo que pasó con el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli.
¿Puede aparecer una prueba semejante después de tres años?. "Las escuchas muchas veces se ordenan a través del número telefónico, sin identificar a la persona con nombre y apellido", explicó a Infobae una fuente de la investigación.
La respuesta de la DAJuDeCO aterrizó en Tribunales el primera día hábil de 2018. Y causó sorpresa entre los investigadores, que ahora seguramente solicitarán mayores precisiones.
También esta pendiente un pedido de informes sobre los empleados de la empresa Seguridad Integral Empresaria (SIE), encargada de monitorear las cámaras de seguridad del complejo Le Parc en ese entonces y en la mira de la Justicia a partir de una denuncia de la diputada Elisa Carrió sobre una supuesta zona liberada para ingresar al departamento del fiscal. Esa causa paralela recién se reactivó en diciembre pasado, cuando el juez Julián Ercolini se la envío a la fiscalía que dirige Taiano y se quedó sólo con el tramo que investiga las irregularidades en la escena del crimen. "Estamos por lanzar una batería de medidas", se limitó a responder una fuente judicial.
En la causa principal, los investigadores se aferran cada vez más a las pistas que van surgiendo del mega entrecruzamiento telefónico. Ahí parecen ex funcionarios y ex responsables del aparato de inteligencia. La pericia comenzó cuando la causa estaba en la justicia ordinaria y pasó por cinco fuerzas distintas. La fiscal Viviana Fein recurrió a la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal. Luego intervino la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la DAJuDeCO, y hasta la Gendarmería. Hace un tiempo, volvió a la Policía Federal.
En Comodoro Py apuestan a los resultados de ese entrecruzamiento para terminar de armar el "plan criminal". Lagomarisno está procesado como partícipe por haberle dado al fiscal la pistola Bersa 22 de la que salió el disparo que lo mató el 18 de enero de 2015 en su baño de su departamento de Puerto Madero. Pero no hay pistas sobre los autores materiales ni intelectuales ni las motivaciones para atentar contra la vida del fiscal.
Al igual que ocurre con la pericia informática (sobre las computadoras y teléfonos de Nisman y Lagomarisno), se espera que el entrecruzamiento tarde varios meses más. "Son unos 4000 números y no hay recursos disponibles", argumentan en Tribunales ante semejante lentitud. Igualmente en la Fiscalía aguardan con expectativa un nuevo informe preliminar para el mes de febrero.
Fuente: Infobae
