En Salta

A raíz de una denuncia, una fosa común de 30 metros

El equipo de Antropología Forense comenzó a trabajar a raíz de la denuncia de un ex empleado del cementerio.
jueves, 06 de agosto de 2015 · 08:48
Con la presencia del Equipo de Antropología Forense (EAAF) a cargo de la Licenciada Silvana Turner y bajo la supervisión de los secretarios Lee y Barquet del Juzgado Federal N1 de Salta, comenzó en la mañana del miércoles la apertura de una fosa común utilizada por el Ejército entre fines del '76 y principios del '77. En dicha fosa, según el testimonio de un enterrador, ex empleado del cementerio, Nicanor Guaymás, los miembros de esa Fuerza Armada arrojaban cuerpos de detenidos asesinados durante las madrugadas y lo obligaban a quedarse hasta altas horas de la noche a tapar la fosa con una pala al tiempo que era amenazado con ametralladoras y con perros, reveló Tiempo Argentino.

A pesar de que el lugar había sido denunciado y señalado varias veces en distintos juicios de Lesa Humanidad, (1984 por Lucrecia Barquet, 2007 Alejandro Ahuerma y Agustín Poma, 2013 Megacausa de la UNSa) hasta ayer no se habían realizado exhumaciones, salvo en enero de 1984 cuando se extrajeron 13 cuerpos NN, varios de ellos con tiros en la cabeza. En ese entonces, el gobernador Roberto Romero había dado la orden de no investigar por lo que el expediente fue enviado a Tucumán y luego se extravió.

La decisión de abrir una nueva causa para investigar esa fosa común surge a partir de testimonios y del reconocimiento realizado en 2013 cuando se llevaba adelante el juicio de Lesa Humanidad denominado Megacausa de la UNSa. Entonces los testigos José Manuel Costelo, Nicanor Guaymás y Alejandro Jesús Ahuerma identificaron en el cementerio el sitio donde se cavaron fosas para enterrar cadáveres. La nueva causa a cargo del Juzgado Federal Nro 1 a cargo del Juez subrogante Julio Leonardo Bavio se denomina "Causa Costelo".

La primera jornada de inspección realizada por el EAAF consistió en la ubicación y delimitación de la fosa puesto que, en cercanías de la misma, se realizaron algunas excavaciones propias del cementerio y otra ligada a una causa judicial, lo que impidió comenzar la tarea antes.

El miércoles, en horas de la mañana, después de delimitar la zona donde estaría la fosa común, se comenzó a trabajar en una franja con una excavadora municipal, y así surgieron las primeras prendas y huesos. A medida que se profundizó la búsqueda fueron apareciendo otros cuerpos. Hasta el mediodía se lograron ubicar al menos 12 que quedaron señalizados para continuar la exhumación más minuciosa.

En enero de 2008, el EAAF a cargo de Darío Olmos, exhumó 16 nichos NN donde se encontraron 18 cuerpos y sobre los que no se realizaron pruebas de ADN debido a que se determinó que no correspondían a desaparecidos, debido a la ausencia de evidencias que determinaran una muerte violenta.

HOY

Se espera una nueva declaración de Nicanor Guaymás como testigo para que vuelva a señalar exactamente el lugar de la fosa común y una última jornada de trabajo del EAAF, con más excavaciones para luego determinar cómo seguir.

Preventiva para seis militares

La Justicia Federal de La Plata procesó y dictó prisión preventiva para seis militares acusados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar, que habían sido liberados con falta de mérito con argumentos de la nula Ley de Obediencia Debida, por el juez civil y comercial federal Alberto Recondo, que el año pasado subrogó un juzgado penal federal y que en junio dejó sin efecto la designación del juez con competencia electoral en la provincia. Los imputados son ex militares del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell (La Plata), y están señalados como los autores del asesinato de una pareja y el secuestro de tres niños durante un operativo realizado en el partido de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, en 1977.

El fallo de la Sala II del tribunal de alzada revirtió la resolución de Recondo y el juez Ernesto Kreplak, actual titular del Juzgado penal N° 3 (cuyo pliego para hacerse cargo de esa función fue aprobado por el Senado un mes atrás), concretó las detenciones del segundo jefe del batallón, Carlos Alberto Bazán, y de la mayor parte de la plana mayor de esa unidad que comandaba en 1977. El jefe militar, Néstor Falcón, era el único detenido.

Los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de 1977 en una vivienda de Berazategui donde fueron asesinados María Nicasia Rodríguez y Alejandrino Jaimez, y secuestraron una nena de 12 años.

Señalan la complicidad de sindicatos

En el juicio por crímenes de lesa humanidad que se sigue en La Plata a ex jefes de la Armada Argentina y la Prefectura Naval, cuatro testigos señalaron al sindicalismo como uno de los cómplices con la dictadura cívico militar. Los sobrevivientes, ex trabajadores y gremialistas del Astillero Río Santiago de Ensenada, recordaron sus secuestros en los centros clandestinos que funcionaron en el Batallón de Infantería de Marina (BIM) N° 3, la Escuela Naval y la Prefectura Naval, y apuntaron a las autoridades del ATE local de la época.

El primero en declarar fue Mario Alberto Peláez, un ex delegado gremial del Astilleros y militante peronista, secuestrado el 16 de enero de 1976 en su casa de Berisso. Fue llevado al BIM3, donde fue torturado con picana y liberado cuatro días más tarde. El testigo aseguró que todo se debió a su activismo sindical y apuntó contra el secretario general del gremio local, Juan Carlos Marín, a quien acusó de señalarlo ante la policía.

En la misma audiencia, Pedro Nieslki recordó que fue secuestrado por su activismo gremial y que permaneció preso hasta 1980. 

 

Fuente: Infonews

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