La jueza federal de Río Grande en Tierra del Fuego, Lilian Herráez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a empresas petroleras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas.
La medida judicial solicitada por el Ministerio Público Fiscal fue dictada el 25 de junio pasado y revelada hoy, en el marco de la causa penal iniciada por el gobierno argentino por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental de nuestro país.
La magistrada fueguina dispuso también, como medida de no innovar, el "cese inmediato de la comisión del delito”, que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios.
La orden judicial establece que tanto para el secuestro, como para los embargos y el cese del delito se deberán librar exhortos diplomáticos a través de la Cancillería argentina.
Fuente Telam
