Al cumplirse cuatro meses de la declaración de emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires, hay distintas interpretaciones. Los detractores de la política en materia de lucha contra el delito de Daniel Scioli y su ministro Alejandro Granados denuncian graves violaciones a los derechos humanos y cuestionan que efectivamente se esté combatiendo la inseguridad. Los defensores del precandidato a presidente se congratulan con los resultados y retrucan que las críticas son “ideologizadas”.
En este tiempo, el gobernador creó por decreto la policía municipal ante la falta de consenso en la Legislatura bonaerense. A diferencia de la idea original, los efectivos de estas fuerzas comunales dependerán del Ministerio de Seguridad y portarán sus armas reglamentarias las 24 horas, lo que se suma a la emergencia en seguridad, situación que durará 8 meses más. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es crítico del llamado “estado policial” que obliga a los efectivos a portar su arma fuera de su horario de trabajo. Recordaron que “en los últimos diez años murieron al menos 1.286 personas civiles en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad. El 48,3% de estas personas murieron por disparos efectuados por policías que estaban en servicio o cumpliendo servicios adicionales”. Es decir que más de la mitad murió a manos de policías que no estaban en horario de trabajo (35,4%) o retirados (8,5). Pero el uso de armas de fuego por parte de policías de franco o retirados tiene consecuencias letales para ellos mismos: “Entre 2003 y 2013, 435 policías murieron en hechos de violencia. Sólo un 23,6% de los policías estaba de servicio o cumpliendo servicio adicional al momento de su fallecimiento, mientras que aquellos que se encontraban fuera de servicio conforman un abrumador 71 por ciento”.
En estos días, el CELS emitió un nuevo informe en el que advierte que el plan sciolista forma parte de “una escalada más en el discurso de la mano dura y fue el trasfondo de medidas para nada novedosas: más policías en las calles legitimadas políticamente para utilizar la violencia y otro anuncio de reformas legislativas para restringir las excarcelaciones”. En las publicidades oficiales de la gobernación se difunden los resultados de la declaración de emergencia. Uno de los ejes publicitados es la cantidad de “delincuentes abatidos”: 76 entre el 5 abril y el 6 de agosto, lo que supera ampliamente los registros anteriores y emula los datos del año ’99, época del “meta bala” de Carlos Ruckauf.
Desde el CELS señalan que en mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de los últimos quince años: 33.166. “La base de este incremento son los delitos callejeros, no los mercados ilegales ni los delitos complejos”, detallaron. Para el CELS, “el gobierno de la provincia construye el balance de su política de seguridad en base a la cantidad de procedimientos realizados, el incremento sistemático de las personas detenidas y el número de muertos y heridos por el accionar policial. Estas cifras hablan más de la perspectiva sobre la seguridad que tiene el gobierno provincial que sobre la eficacia del plan para reducir realmente el delito y la violencia”. El diagnóstico que plantean es alarmante: “La mano dura no cumple con su promesa de reducir el delito y la violencia y está ocasionando violaciones de los derechos humanos de las personas que entran en contacto con las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires”. Este planteo fue acompañado por la Comisión Provincial de la Memoria –que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel–, que presentó una acción ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de las medidas. El reclamo fue trasladado al vicegobernador Gabriel Mariotto, que recibió a las autoridades de la comisión.
El diputado provincial del Frente para la Victoria Guido Lorenzino, quien fuera segundo de Ricardo Casal en el Ministerio de Justicia y Seguridad, respondió a las críticas del CELS: “No hay que ideologizar sobre el tema policial, eso atrasa. No estamos ante una fuerza armada parapolicial que mata. Esto se hace en el marco del estado de derecho”, dijo a Veintitrés. “No nos interesa entrar en una discusión ideológica. Más que diagnósticos por izquierda, como hace el CELS, o por derecha, como los que hace el Frente Renovador, necesitamos ideas. Que propongan acciones concretas que superen lo que venimos haciendo en materia de combate al narcotráfico, de desarme, de prevención. Que nos digan qué hay que hacer y lo hacemos. Hasta ahora no proponen ninguna idea superadora. Dicen que hay policías corruptos, ¡chocolate por la noticia! Tenemos que enjuiciarlos y meterlos presos, eso es lo que hacemos. Ellos tienen su mirada, pero no los votan. A nosotros sí, y tenemos que dar respuestas”, explicó el dirigente sciolista. Respecto de la policía comunal, deploró la actitud del massismo. “No entienden que las políticas de Estado van más allá de lo electoral. Por eso bloquearon en el Senado nuestra iniciativa”.
“Detrás de todo planteo político hay una ideología”, contrapuso la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado provincial, Mónica Macha, de Nuevo Encuentro, que se reunió la semana pasada con integrantes del CELS y de otros organismos en el primer encuentro del Espacio Legislativo de Derechos Humanos bonaerense. La diputada sabbatelista criticó lo que el sciolismo considera un éxito: “Es preocupante que digan que sea eficaz el plan por la cantidad de detenidos y de muertos”. En cuanto a la situación carcelaria, apuntó que el hecho de que “la sanción ante un delito sea el encierro no quiere decir que se suspendan los derechos humanos de los detenidos, que es lo que está pasando”. Y sobre los “abatidos”, puntualizó que “el accionar de la policía no puede poner en riesgo la vida de ninguna persona, no pueden solucionar situaciones con la muerte de personas”. Según detalló, “muchas veces se producen situaciones confusas, donde los pibes son asesinados de un tiro en la espalda o en la cabeza”. Para Macha, “sin transformar a la Policía Bonaerense y a la Justicia, que tienen nichos de corrupción, no va a haber solución para la problemática de seguridad”. Respecto de la cuestión de la policía local, finalmente, lamentó que no se haya logrado el consenso parlamentario: “Nosotros queríamos que la fuerza estuviera a cargo del municipio, no del ministerio. Tiene que haber una decisión política para modificar la mentalidad de que un efectivo tiene que tener encima su arma todo el tiempo”.
