Los equipos técnicos del secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, cerrarán en las próximas horas un acuerdo de precios con el sector productor de medicamentos y con las cadenas de farmacias. El convenio será producto de arduas negociaciones que se vienen desarrollando desde hace por lo menos un mes entre el gobierno y las firmas de laboratorios nacionales y extranjeras nucleadas en las cámaras CILFA (nacionales), CAME (multinacionales) y Cooperala.
Inicialmente, hubo resistencia desde el sector privado a ceder en la negociación. En repetidas oportunidades, los laboratorios le entregaron a Costa propuestas con canastas de medicamentos. Pero la posición oficial era otra. La directiva del jefe de Gabinete fue concreta: evitar canastas de productos y precios congelados. El gobierno pretende alcanzar un acuerdo puntual y abarcativo de todos los medicamentos, con una reducción general de precios. Así, evitaría la arbitrariedad. Como en el resto de los procesos tendientes a generar acuerdos, la devaluación del peso que operó hace unos días, aceleró los plazos y complicó aún más una salida consensuada.
En los últimos días, los laboratorios volvieron a ofrecer una canasta con algo más de 600 medicamentos (para las principales patologías, sobre todo de receta y no de venta libre), con el compromiso de que esos productos elegidos vuelvan atrás con los precios a los niveles del mes de noviembre del año pasado. Pero el Ejecutivo insistió en su posición de retrotraer todos los precios. Ayer, de hecho, la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández, adelantó la posibilidad de cierre del un acuerdo.
Por el lado de los laboratorios, la percepción es similar: "No se rompió el diálogo ni mucho menos. La voluntad es colaborar con el gobierno", dijeron desde las empresas.
Hay algunos puntos pendientes en la negociación: los laboratorios quieren discutir la injerencia de insumos importados para la producción y los efectos de la devaluación; paralelamente, abordar el tema de los descuentos que realizan al PAMI y a las Obras Sociales. Actualmente, eso representa $1200 millones anuales en ahorro para el Estado y los gremios, condición que las empresas quieren sumarse como un poroto a su favor a la hora de cerrar el acuerdo.
(Fuente: Tiempo Argentino)
