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SUSCRIBITE Nueve dueños de las marcas de ropa M51, Narrow, Berry Blue y Zurah Jeans fueron imputados por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre en tres talleres textiles de la Capital Federal. Por la misma investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se detuvo y procesó a ocho encargados de esos establecimientos.
“Hemos detectado condiciones de trabajo inadmisibles. Al no registrar a estos empleados se están evadiendo las cargas sociales y se están condenando a estas personas a no tener un trabajo digno, cobertura médica y acceso a una futura jubilación”, evaluó el administrador federal, Ricardo Echegaray.
La indagatoria alcanza a Silvia Bollada y Silvio D'Amore, presidente y accionista de Vidatex, y a Sergio Alejandro Garber y César Fernando Fucks, socios gerentes de Research Textil. Ambas firmas fabricantes de la marca Narrow.
También a Aldo Mario Rodríguez, presidente de Indu Jeans, que comercializa la marca M51 de jeans y camisas; a Rodrigo Garro, socio gerente de Hermanos Garro; a Juan Carlos Paravicini y Ernesto Ponzini, socios gerentes de Kroppo, que venden Zurah Jeans y a Yim Chamg Yul, titular de la marca Berry Blue.
Narrow cuenta con más de 100 locales en todo el país y emplea a 87 trabajadores registrados entre las dos firmas que explotan la marca. En tanto que M51 cuenta con 82 empleados, mientras que Berry Blue tiene 6 y Zurah Jeans 5.
La AFIP, constituida como parte querellante en la causa, consideró que el reproche penal no se limitaba a los encargados de los talleres clandestinos y solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo del Dr. Ariel Lijo, hacer extensivo el mismo a los dadores de trabajo que fomentaban esta situación de esclavitud para la producción de prendas textiles, solicitando la citación a indagatoria para los próximos días de febrero.
El Juzgado dispuso la citación a indagatoria de los 9 titulares de las marcas reconocidas a fin de esclarecer su participación en la cadena de producción de estos tres talleres textiles y utilizó las pruebas recabadas a raíz de los allanamientos ordenados en la causa y las indagatorias oportunamente tomadas a los encargados.
Se les imputa que explotaron laboralmente a cincuenta y siete personas, beneficiándose económicamente en razón del bajo monto abonado a la mano de obra, todos extranjeros y en situación irregular, quienes fabricaban las prendas de vestir por ellos comercializadas.
(fuente: InfoNews)