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SUSCRIBITE El 19 y 20 de diciembre de 2001 es una fecha marcada a sangre y fuego en el pueblo argentino. En esas dos jornadas, cientos de miles de personas de todo el país salieron a la calle a decirle basta al gobierno encabezado por Fernando De la Rúa (UCR, presidente en el período 1999-2001), quien había continuado hasta las últimas consecuencias el programa neoliberal iniciado por Carlos Menem (PJ, 1989-1999).
En un último y desesperado intento por evitar lo inevitable, el gobierno de De la Rúa decidió reprimir la protesta social, asesinando en pocas horas a 38 personas, la mayoría en la ciudad de Buenos Aires, epicentro de las movilizaciones. Ahora, tras doce años de impunidad, se anuncia que el 24 de febrero comenzarán las audiencias donde se juzgará a figuras con responsabilidades importantes en aquellas muertes.
Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad, y Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, irán al banquillo acusados por los homicidios de Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Ariel Benedetto, además de 117 lesiones.
Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS, una de las organizaciones querellantes-, declaró al diario argentino Página 12 que “la expectativa no sólo es que haya la máxima condena, sino también que el juicio genere un precedente que garantice el derecho a la protesta social e impida la aplicación del estado de sitio cuando hay críticas a un gobierno. Nuestro planteo es que el estado de sitio que fue decretado ese día fue ilegal”.
Este jueves 19, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) realizó junto a otras organizaciones sindicales, políticas y sociales una movilización a plaza de Mayo ante un nuevo aniversario de la rebelión popular.