La tarde de este viernes marcó un hito en la justicia mendocina cuando un jurado popular dictó un veredicto de culpabilidad contra Carlos Miguel Díaz Vílchez por el femicidio de Ivana Molina. El caso, que mantuvo en vilo a la provincia desde que se denunció la desaparición de la mujer en abril de 2023, cerró un capítulo judicial fundamental con una condena a prisión perpetua, superando la complejidad técnica de que el cuerpo de la víctima nunca fue hallado.
El tribunal ciudadano, integrado por doce mendocinos, determinó de manera unánime que Díaz Vílchez es responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Tras conocerse la decisión del jurado en el Polo Judicial Penal, la jueza técnica Carolina Colucci procedió a dictar la pena máxima prevista por la ley para este tipo de crímenes. La fiscalía, representada por Claudia Ríos y Fernando Guzzo, logró demostrar que el acusado asesinó a su pareja en la vivienda que compartían y posteriormente hizo desaparecer sus restos para ocultar el hecho.
Durante el debate que se extendió por cinco jornadas, los fiscales calificaron el suceso como un crimen macabro. Entre las pruebas fundamentales que convencieron al jurado se encontraron rastros de sangre de la víctima hallados en el domicilio del imputado, así como maniobras de ocultamiento que incluyeron la rotura de pisos, el pedido de herramientas y el retiro de escombros en la propiedad. Además, la investigación destacó que la última actividad del teléfono de Ivana fue el 31 de marzo de 2023, momento a partir del cual perdió todo contacto con sus hijos y sus lugares de trabajo.
Por su parte, el ahora condenado mantuvo su postura de inocencia hasta el último momento del juicio. En sus palabras finales ante el jurado, Díaz Vílchez acusó a los testigos de complotar en su contra y sostuvo la versión de que Ivana Molina se encontraba con vida en Chile, asegurando incluso que él mismo realizaría la investigación para encontrarla. Su defensa técnica intentó cuestionar la existencia del hecho basándose en la ausencia del cadáver, pero los indicios presentados por la acusación resultaron suficientes para que el jurado acreditara su responsabilidad penal.
La cronología del caso recordó que la desaparición fue denunciada por una sobrina de la mujer y que el sospechoso inicialmente fingió desconocer su paradero antes de huir hacia Buenos Aires. El hombre fue capturado en mayo de 2023 tras detectarse que había pagado una importante suma de dinero a un remís para abandonar Mendoza. Este fallo reafirma la capacidad del sistema de jurados para resolver casos de violencia de género bajo contextos difíciles, brindando una respuesta legal a una sociedad conmocionada, aunque la ausencia de los restos de la víctima continúe siendo una herida abierta para sus allegados.