En las últimas horas trascendió que, las autoridades del Gobierno nacional en conjunto con la gobernación de Salta construirán en la localidad de Aguas Blancas, en la provincia del Norte, un cerco de alambre para delimitar la frontera con Bolivia, con el objetivo de evitar el paso ilegal de personas y el contrabando. El proyecto es parte del Plan Güemes del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, a fin de fortalecer las fronteras del norte.
Según publicó el diario El Tribuno, ya se convocó a la licitación para colocar un alambrado olímpico a lo largo de los 200 metros que existen entre la terminal de colectivos y la oficina de Migraciones local.
"Del lado boliviano se construyeron controles estrictos, pero del lado argentino no había una delimitación clara", aseguró Virginia Cornejo, directora Nacional de Vigilancia y Control de Fronteras del Ministerio de Seguridad, según publicó la agencia NA.
Efectivos de fuerzas federales se desplegaron en Aguas Blancas desde diciembre pasado, a fin de reforzar el control en la zona. La idea del Ministerio de Seguridad es obligar a las personas a tener que pasar sí o sí por la oficina de Migraciones.
"El alambrado se colocará dentro del murallón preventivo que se utiliza cuando el río Bermejo crece. La idea es delimitar claramente el acceso a migraciones para evitar que la gente pase por otros lugares sin control", resaltó el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán.
La obra será financiada por la provincia de Salta, con supervisión de Nación, luego de constatarse que muchas personas cruzaban de forma ilegal. "Es un punto al que la gente llegaba, era un punto de reunión, de encuentro, ya sea por taxi, colectivo, por lo que sea, y de ahí saltaban un muro, que es de protección por las inundaciones que genera el Bermejo, y la gente salía caminando e iba para las chalanas, o sea, del puesto de Migraciones, 200 metros antes, la gente saltaba hacia el río", explicó Zigarán en declaraciones a Nuevo Diario de Salta.
La respuesta de Bolivia
Ni bien trascendió la novedad, el Gobierno de Bolivia expresó su preocupación. Mediante un comunicado, la cancillería boliviana señaló que “los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”. Asimismo, advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.
Por su parte, el ministro de Justicia boliviano, César Siles, calificó la decisión como una vulneración de los principios de convivencia pacífica y una posible contravención a los tratados internacionales.
“Consideramos que el mandato del presidente de Argentina es vulneratorio de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional. Esto iría en contra de los tratados internacionales”, declaró Siles, quien también solicitó que organismos como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronuncien sobre el asunto.
“Tanto Naciones Unidad y la Organizaciones de Estados Americanos deberían conminar estas determinaciones, esperamos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente de Argentina pueda reflexionar”, agregó.
Fuente: NA / Infobae