En los primeros días del segundo mandato del presidente Donald Trump, las autoridades de Estados Unidos llevaron a cabo una operación masiva de deportación. Los trabajos resultaron en el arresto de 538 migrantes y la deportación de cientos de ellos, según confirmó la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.
Leavitt, a través de un mensaje publicado en la plataforma X, calificó la acción como “la mayor operación masiva de deportación en la historia” y aseguró que la administración está cumpliendo con sus promesas electorales. Entre los arrestados, destacó un sospechoso de terrorismo, cuatro integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua y varios acusados de delitos sexuales contra menores.
Sin embargo, la operación desató una fuerte controversia tras la denuncia del alcalde de Newark, Ras J. Baraka, quien acusó a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de violar derechos constitucionales al realizar redadas sin órdenes judiciales. Baraka señaló que entre los detenidos hubo ciudadanos estadounidenses, incluido un veterano militar.
“Este acto flagrante es una clara violación de la Constitución de los Estados Unidos”, afirmó Baraka en un comunicado, exigiendo una investigación exhaustiva sobre las acciones de los agentes migratorios.
Por su parte, los senadores demócratas de Nueva Jersey, Cory Booker y Andy Kim, condenaron la operación, advirtiendo sobre el impacto de estas medidas en las comunidades vulnerables. “Nuestro sistema de inmigración roto necesita soluciones, no tácticas de miedo”, expresaron en un comunicado conjunto.
El presidente Trump defendió la operación como parte de su compromiso de endurecer las políticas migratorias. En el mismo día de su investidura, firmó órdenes ejecutivas declarando una “emergencia nacional” en la frontera sur, desplegó tropas adicionales y reinstauró la política de “Remain in Mexico”, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se resuelven sus casos.
Asimismo, su administración suspendió un programa de asilo dirigido a personas que huyen de regímenes autoritarios en Centro y Sudamérica, dejando a miles de migrantes en un limbo legal. Estas acciones forman parte de un plan más amplio que, según estimaciones oficiales, busca impactar a los 11 millones de migrantes indocumentados que residen en el país.
El Congreso, controlado por los republicanos, aprobó recientemente un proyecto de ley que endurece las medidas de detención preventiva para extranjeros sospechosos de vínculos delictivos, lo que refuerza el enfoque de la administración en la seguridad fronteriza.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y líderes locales han alzado la voz contra lo que consideran un ataque a los derechos fundamentales de los migrantes. “Acciones como esta siembran miedo en nuestras comunidades y ponen en riesgo los valores fundamentales de nuestra nación”, advirtieron.