Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEAdemás de fraude virtual, sobre los delincuentes pesaban acusaciones de homicidio y narcotráfico.
En un paso más de su ofensiva contra el fraude transfronterizo, las autoridades de China ejecutaron este lunes, 2 de febrero de 2026, a cuatro miembros clave de una organización criminal con base en el norte de Birmania (Myanmar). Los ejecutados, identificados como Bai Yingcang, Yang Liqiang, Hu Xiaojiang y Chen Guangyi, formaban parte del grupo delictivo liderado por la denominada "familia Bai".
La sentencia, dictada inicialmente por un tribunal intermedio de la ciudad de Shenzhen y ratificada por el Tribunal Supremo Popular (SPC), detalla que el grupo operaba múltiples bases en la región de Kokang. Desde allí, cometían delitos de fraude telefónico y por internet, apertura de casinos ilegales, secuestros, extorsión y organización de prostitución. Además, el alto tribunal vinculó a los líderes con el homicidio intencional de seis ciudadanos chinos y la producción y tráfico de aproximadamente 11 toneladas de metanfetamina.
Impacto financiero y social Las autoridades cifraron los fondos relacionados con estas actividades ilícitas en más de 29.000 millones de yuanes (aproximadamente 4.160 millones de dólares). Debido a la "extrema gravedad" de los delitos y sus consecuencias "especialmente serias", la justicia china desestimó los recursos de apelación presentados en diciembre de 2025, procediendo a la aplicación de la pena capital tras la aprobación final del SPC.
Contexto de una ofensiva regional Estas ejecuciones se producen apenas unos días después de que China ajusticiara a once integrantes de la familia Ming, otra organización criminal distinta pero también dedicada a las ciberestafas en zonas fronterizas.
Este caso pone de relieve la magnitud de las redes de fraude en el sudeste asiático. De acuerdo con informes de las Naciones Unidas, se estima que al menos 120.000 personas están retenidas contra su voluntad en centros de Birmania para ser obligadas a realizar estafas en línea, mientras que en Camboya la cifra alcanza las 100.000 personas. Con estas acciones, Pekín busca frenar el elevado impacto social de estas mafias transfronterizas que operan en las periferias de sus fronteras.