En una sesión que se extendió hasta la madrugada de este jueves, el Congreso de la Nación dio luz verde a la reforma de la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La noticia generó un impacto inmediato en San Juan, como provincia cuya economía y futuro desarrollo se plantea como dependiente de la claridad en las reglas de juego para la actividad minera. A la par, a pocas horas de la votación, las principales instituciones del sector, incluyendo a la Cámara Minera de San Juan, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), manifestaron su pleno beneplácito ante lo que consideran un avance histórico hacia la seguridad jurídica y el federalismo.
La Cámara Minera de San Juan, mediante un comunicado, puso especial énfasis en que esta actualización normativa permite avanzar decididamente en la "remoción de ambigüedades que generaban incertidumbre en su aplicación", destacando que el proceso fue un ejemplo de "federalismo concertado" gracias al diálogo impulsado por el Gobierno Provincial con la Nación. La institución subrayó que, para el desarrollo de proyectos de largo plazo, la previsibilidad es una "condición necesaria", ya que contar con reglas claras sobre criterios de protección ambiental y procesos de evaluación basados en "evidencia científica, a través de estudios de impacto ambiental", genera las condiciones adecuadas para la inversión. También reafirmó que la minería es una actividad productiva plenamente capaz de "convivir armónicamente con otras actividades económicas", aportando el desarrollo y empleo que las comunidades necesitan.
"La consolidación de reglas claras es clave para promover un desarrollo responsable, que combine la protección del ambiente con criterios técnicos y la generación de oportunidades de crecimiento para San Juan y el país", remarcó la Cámara Minera de San Juan.
Por su parte, desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), se calificó la aprobación como "una decisión de gran relevancia institucional, productiva y ambiental para la Argentina". La entidad subrayó que estas modificaciones son un paso fundamental para incrementar la previsibilidad normativa, un factor que describen como "indispensable para el desarrollo de una industria estratégica para el país, capaz de crear empleo de calidad, atraer inversiones de largo plazo y dinamizar las economías regionales". En su visión, la actualización de la ley permitirá establecer criterios mucho más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares, clarificando las áreas donde es posible desarrollar actividades bajo estrictos controles, lo cual ayuda a "despejar ambigüedades que durante años generaron incertidumbre".
En sintonía con esta postura, GEMERA emitió un comunicado donde reafirma la importancia de contar con un marco que otorgue "certeza en su interpretación y aplicación". Para esta institución, la reforma no debilita la protección ambiental, sino que la profesionaliza, ya que "resulta valioso avanzar hacia reglas más claras, que permitan delimitar con mayor rigor técnico el alcance de la norma, fortalecer los procesos de evaluación y evitar interpretaciones ambiguas o expansivas" que anteriormente dificultaban la labor de las autoridades.
GEMERA sostiene que una legislación ambiental sólida debe basarse en definiciones precisas y "evidencia técnica y estudios específicos", integrados siempre dentro del marco institucional constitucional.
Uno de los puntos que más resonancia tiene en San Juan la norma es lo que destacaron como el fortalecimiento del federalismo. Las tres cámaras hicieron hincapié en que la reforma reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. CAEM resaltó que la modificación "reafirma el rol indelegable de las provincias como titulares y protectoras de los recursos naturales, fortaleciendo un federalismo ambiental efectivo". Por su parte, GEMERA enfatizó que el equilibrio entre las competencias nacionales y provinciales es una "condición indispensable para una gestión ambiental eficaz, legítima y adaptada a las particularidades de cada territorio".
Así, el sector minero sanjuanino ve en este nuevo escenario una oportunidad para destrabar proyectos de gran envergadura que quedaron latentes debido a la falta de definiciones técnicas claras. Para las empresas exploradoras, contar con reglas claras contribuye directamente a "mejorar la calidad de las decisiones, fortalecer la institucionalidad y generar condiciones adecuadas para promover inversión, empleo y desarrollo" en las regiones cordilleranas.
